Lo que debería ser un acto de colaboración entre poderes, guiado por el propósito de dotar a San Luis Potosí de aparatos de administración y procuración de justicia lo más decentitos posible, está convertido en un botín por el que se les hace agua la boca a varias figuras de nuestra clase política, y está presente la amenaza de que todo el proceso se pervierta y en unas semanas más esté convertido en una alucinante mezcla de zoco árabe, tianguis de usado y prostíbulo fronterizo. Les platico.
Hace un mes, con la bendición del Ejecutivo, se reunieron en un discreto salón del Centro de Convenciones las representaciones de los tres partidos políticos con mayor presencia en el Congreso. Estuvieron ahí, por Morena, su coordinador de fracción Edson de Jesús Quintanar y Carlos Arreola, enviado personal de Gabino Morales (aunque la dirigencia oficial en el estado corresponde a Sergio Serrano). Por el PRI acudieron su presidente estatal Elías Pesina y el presidente de la mesa directiva Martín Juárez Cordóva, en ausencia del coordinador de la bancada Mauricio Ramírez, en cuarentena. Finalmente, del PAN fueron su dirigente Juan Francisco Aguilar y su coordinador parlamentario Rolando Hervert.
En ese momento ya se sabía que el Ejecutivo estaba proponiendo la ratificación de los nueve magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que cumplían su período de seis años, y que habría dos vacantes, la del magistrado Ricardo Sánchez Márquez que cumple los 15 años tope y la de Martín Celso Zavala que decidió acogerse a la jubilación.
Los presentes supieron que con la muy previsible intención del gobernador Juan Manuel Carreras de no tener problemas, se proponía ratificar tersamente a los nueve magistrados y que las dos vacantes fueran cubiertas con las propuestas que hicieran Morena y el PAN. Al PRI, lo cual es un decir, o al Ejecutivo, lo cual también es un decir, le correspondería proponer a quienes ocuparían la Consejería de la Judicatura que llegaba a su fin en manos de Javier Delgado Sam, y al nuevo titular de la Fiscalía anticorrupción, vacante desde principios de año.
Todos más o menos contentos con el reparto del pastel, indefendible desde una perspectiva ética, pasaron a retirarse. El acuerdo comenzó a hacer agua unos días después, cuando de Palacio de Gobierno salieron las propuestas de que en el sillón del Consejo de la Judicatura fuera ratificado Delgado Sam y en la Fiscalía anticorrupción se designara al juez Felipe Aurelio Torres Zúñiga.
¿Por qué? Por dos razones concomitantes: la primera, que todo mundo se percató de inmediato que esas dos posiciones no habían sido ni para el Ejecutivo y mucho menos para el PRI a través de su bancada en el Congreso. Ambas se las apropió el Secretario General de Gobierno Alejandro Leal Tovías, a ciencia y paciencia de Carreras. Con ese ejemplo de que el agandalle está permitido, el primero en doblar apuestas fue el PAN, que reclamó para sí una Vicefiscalía que según ellos les correspondía porque alguna vez la ocupó un abogado que milita en ese partido.
Para que no se derrumbara todo el arreglo, El Caco dijo que sí, pero cuando fue con el Fiscal General no la tuvo tan fácil. Así se llegó el jueves pasado y en la sesión de la Legislatura el “pagano” fue Delgado Sam, quien como el ángel viejo del cuento de García Márquez, “era el más ajeno a su propia circunstancia”.
A Delgado Sam lo pudieron batear los diputados no solo por la mala vibra de que en realidad estaban obsequiando un proyecto de El Caco y no del Gobernador, sino también porque su propuesta fue pésimamente operada y tuvo cierto aire de prepotencia: ninguno de los diputados del PRI recibió de Palacio de Gobierno algún texto o nota informativa en los que pudiera apoyarse para, llegado el caso, defender a JDS. Así se produjo el lamentable espectáculo de que los legisladores María Isabel González Tovar, del PRD, y Edgardo Hernández Contreras, del Verde, argumentaron en contra (de la ratificación, no de la persona a quien trataron con todo comedimiento), sin que nadie fuera a tribuna a defenderlo. Nadie.
En estos días pude establecer que la falta de argumentos no fue tanto lo que influyó para que nadie hiciera la menor defensa de Delgado Sam, sino el hecho de que su vínculo personal, amistoso y político es con Leal Tovías y no con Carreras, y que cuando se comenzó a analizar su asunto en comisiones alguien del Congreso le sugirió que se acercara con los diputados que las integran y que pidiera ser escuchado en una reunión. Nada, ni un dedo se movió. Todo indica que había una confianza ciega en que el tema estaba negociado y planchado. Pues no.
Dos legisladores de diferente militancia y origen me hicieron notar algo que puedo resumirlo así: “Yo no tendría mayor inconveniente en apoyar algunos de los proyectos políticos del Gobernador, ayudarlo quizá a preparar su salida o a estrechar algunas alianzas, pero no nos engañemos, tanto Delgado Sam como Felipe Aurelio son proyectos personales de Leal Tovías, compromisos con los Macabeos. Y si el Gobernador ya le entregó el poder, será el Ejecutivo, pero no el Legislativo que no es suyo”.
EL ROUND QUE FALTA
Inevitablemente, al abrirse la temporada de caza el tema del Consejo de la Judicatura contaminó el de la Fiscalía anticorrupción, y si no hay nuevos repartos de rebanadas de pastel, es muy probable que la candidatura de Felipe Aurelio también vaya para atrás. Aquí hay algo interesante: la ley contempla que si una propuesta (en este caso es terna) es rechazada por el Congreso, el Gobernador debe enviar una nueva, que si tampoco recibe la aprobación de los diputados lo deja en libertad de designar libremente a quien él quiera, siempre y cuando sea dentro de la segunda terna.
Si mi información es correcta, hay tal afán de no engordarle el caldo a Leal Tovías que entre sus malquerientes se está cocinando la idea de no rechazar la terna sino de elegir a una de las dos damas que un poco en calidad de adorno fueron incluidas. Si esto es así, una de las dos habrá resultado ganadora de la lotería sin haber comprado boleto.
Por lo que hace a Delgado Sam, sabemos que por lo menos hasta el martes pasado en la Secretaría General de Gobierno estaban decididos a enviar mañana viernes, nuevamente, su designación para ser ratificada. Esta vez, con la argumentación de que el Congreso no tiene facultades para negarse a ratificar. Como es propuesta individual, no en terna, la oficina de El Caco estima poder doblarle las manos a los legisladores. No se ve fácil. Lo que en realidad hay es una enorme laguna legal que no prevé este tipo de desacuerdos entre poderes. Del lado de los diputados dicen que tampoco hay nada que dé al Ejecutivo atribuciones para enviar el mismo nombre. De suyo el flanco jurídico de todo esto es muy interesante y quizá valga la pena dedicarle una próxima columna.
Pero en términos políticos, lo que sí puedo afirmar es que si de Palacio vuelven a mandar la misma propuesta de Delgado Sam, muchos diputados lo van a considerar un agravio. No hay que olvidar la ecuación de moda: para aprobar algo por mayoría calificada se necesitan dos tercios de los votos, pero para rechazarlo basta con un tercio.
Lógicamente, estas batallas que involucran Consejería judicial y Fiscalía anticorrupción, son parte de una guerra que en su momento involucrará las dos magistraturas vacantes y las nueve ratificaciones. Todo esto tiene que estar resuelto a más tardar en dos meses. Llegado el caso, sobre todo por lo que tiene que ver con Delgado Sam, las cosas podrían llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una controversia constitucional, para que de una vez quede claro quién tiene la razón.
Pero siguen quedando sujetas a presiones, transacciones, subastas, chantajes, componendas, agandalles y demás chuladas las once magistraturas y la Fiscalía especializada.
Como es imposible que al final del día lo que prevalezca sean los intereses superiores de los potosinos en tener procuradores e impartidores de justicia lo mejorcito posibles, lo que veo venir (ojalá me equivoque) es lo que decía en el primer párrafo: esto va a ser una alucinante mezcla de zoco árabe, tianguis de usado y prostíbulo fronterizo. Ya quiero ver a cómo o a cambio de qué se van a cotizar ahora los votos de la chiquillada. De espanto.
Ojalá todos los involucrados tengan la decencia de no hacer desfiguros hasta que pase nuestro momento diamantino en que tendremos aquí a todos los gobernadores del país en diálogo que se espera sea fructífero y trascendente con el presidente López Obrador.
COMPRIMIDOS
En el corto espacio que me queda, de la ardorosa y muy convincente defensa que los ilustres y honorabilísimos líderes nacionales del Partido Verde hicieron la semana pasada del diputado Ricardo Gallardo Cardona, solo diré que de súbito me vino a la mente una imagen: El Cochiloco Bautista y Lupe Uñas Largas entrando mayestáticos a un salón lleno de periodistas a defender la honra, trayectoria y legado de Manuel Barrera Guillén. O algo por el estilo.
No sé exactamente qué, pero definitivamente algo estamos haciendo mal en la forma como venimos enfrentando la pandemia. Mucho debe preocuparnos que hace unos días tuviéramos tres municipios entre los diez con más contagios a nivel nacional, que en cierto momento reciente nuestro estado fuera el de mayor número de transmisiones diarias; que el personal de la clínica del ISSSTE informe que ya está saturada pero en los datos de los Servicios de Salud aparezca que todavía tiene capacidad, que lenta pero inexorablemente avanzamos hacía la saturación hospitalaria en general, y que un día sí y otro también alcancemos nuevos picos de fallecidos.
En este tema del Covid-19, hay algo en particular que debería preocuparnos mucho y respecto de lo cual las autoridades deberían (espero lo estén haciendo) buscar alguna salida: el creciente agotamiento de nuestro heroico personal sanitario -médicos, enfermeras, laboratoristas, camilleros, auxiliares y demás- que lleva seis meses con sobrecargas terribles de trabajo. Y, ojo, muchos de ellos no solo cansados sino enojados por el irresponsable comportamiento social.
En el primer desafío importante de su joven rectorado, Alejandro Zermeño puede decir “¡prueba superada!” Examinar a más de 15 mil aspirantes en cuatro días, en multiplicidad de escenarios, con la necesidad de estrictas medidas sanitarias, en orden y tener los resultados en cuestión de horas, no es fácil.
Hasta el próximo jueves.