En la actualidad, se contabilizan entre 30 y 40 unidades vehiculares policiales afectadas a causa de ponchallantas, durante actividades operativas, informó Guzmar Ángel González Castillo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.
Explicó que los vehículos son reparados por las agencias, pero la flotilla más antigua que ya no es útil se está concentrando en el estacionamiento del C5i2, a fin de elaborar un dictamen para determinar cuántos se pueden recuperar.
Sin embargo, el funcionario estatal matizó que los que no se encuentren en condiciones, se remitirán a Patrimonio del Estado para su comercialización como desecho ferroso o unidades rodantes.
"El señor gobernador nos comentó que nos van a incrementar el parque vehicular (...) son varios vehículos que traemos (dañados). Unos los estamos concentrando, porque se está haciendo un dictamen de cuáles se pueden recuperar", declaró.
El 9 marzo del 2023, de forma unánime, el Pleno del Congreso del Estado, aprobó la creación de los delitos contra la seguridad vial en el Código Penal del Estado, donde se prevé el lanzamiento de artefactos en la vía pública para afectar el funcionamiento de los neumáticos de automóviles, agravándose cuando se trate de las fuerzas del orden.
Las personas responsables serán sancionadas con una pena de dos a cinco años de prisión y multa de 200 a 500 días del valor de la unidad de medida y actualización (UMA), es decir, de 21 mil 714 a 54 mil 285 pesos, más la reparación del daño.