Han pasado trece años desde el feminicidio de Lupita Viramontes, una adolescente de 15 años asesinada el 29 de junio de 2012 en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.
Su memoria permanece viva entre quienes siguen exigiendo justicia frente a un sistema que, lejos de reparar el daño, ha profundizado la impunidad y la revictimización de su familia.
Lupita fue víctima de un crimen perpetrado por Guillermo "N", un adolescente de su misma edad, y Raúl "N", de 18 años, quien lideró el ataque. Asimismo, la familia de la víctima denunció que los jóvenes identificados como César y Juan Carlos incurrieron en actos de extorsión en su contra.
Aunque Raúl fue sentenciado a 37 años de prisión, Guillermo permaneció prófugo durante más de una década, hasta su detención en febrero de 2024.
Pese a haber evadido a la justicia durante diez años y ser señalado como partícipe en el secuestro y asesinato, Guillermo obtuvo en marzo una reducción de condena de 18 a solo 3 años, tras una revisión por parte del Juzgado Especializado en Adolescentes del Sistema Tradicional.
Se le computó el tiempo previamente cumplido, por lo que únicamente deberá pasar 1 año, 7 meses y 7 días en reclusión. El 2 de octubre solicitó su libertad a cambio de trabajo comunitario, y el 10 del mismo mes fue liberado sin restricciones de acercamiento hacia la familia de Lupita ni la presentación de un Plan Individualizado, como establece la normativa vigente en materia de justicia para adolescentes.
La decisión fue apelada por la familia, la Fiscalía y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, pero las magistradas de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado ratificaron la liberación bajo el argumento del efecto retroactivo de una nueva ley.
Actualmente, la familia de Lupita mantiene activo un juicio de amparo promovido el 9 de enero de 2025. En él se argumenta que Guillermo no solo se sustrajo de la justicia durante más de diez años, sino que en ese tiempo intimidó y amenazó a los familiares, vulnerando gravemente sus derechos como víctimas.
El caso ocurre en un contexto donde el municipio de Soledad mantiene activa una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. A pesar de ello, los feminicidios no se han detenido y las instituciones del Estado continúan enviando un mensaje de permisividad frente a la violencia feminicida.
A 13 años del crimen, el nombre de Lupita Viramontes sigue representando una herida abierta en la lucha por la justicia para las mujeres en San Luis Potosí. Su familia, acompañada por amigas, colectivos y defensoras de derechos humanos, insisten: "Lupita no es, ni será, olvidada. Seguimos de pie, exigiendo justicia".