La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ha entregado de manera puntual al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) la información que legalmente le corresponde saber e incluso hay protocolos de apertura, desarrollo y cierre de auditorías de los recursos estatales aportados a la institución, aseguró Urenda Queletzú Navarro Sánchez, abogada general de la institución.
Dijo que sólo a las universidades de Sinaloa y San Luis Potosí, sus entidades federativas les han requerido información sobre recursos propios, pero eso sucede porque en el resto de las entidades los órganos auditores auditan únicamente lo que legalmente les corresponde: lo que el Estado aporta.
Se tiene que hacer la precisión de que sí fue entregada información al IFSE y en el caso de una encargada del despacho de la entonces Auditoría Superior del Estado, lo que se discute es que ella no tenía competencia para calificar auditorías porque el Congreso del Estado estaba obligado a nombrar a un titular para dar validez legal y constitucional a cualquier acto de revisión y no lo hizo.
Navarro Sánchez es desde mayo de 2024 la abogada general de la UASLP, pero desde 2023 se mantiene la postura de que sólo es posible auditar los recursos que el Gobierno del Estado otorga a la Universidad y que cualquier otra solicitud fuera de eso es ilegal. “La ASE no estaba facultada por ley para auditar los ingresos propios de la Universidad y es fecha que IFSE no ha demostrado lo contrario”, puntualizó.
Dijo que con el amparo resuelto recientemente se agota una primera instancia, pero hay más etapas del juicio.
Además, se habla de que hay un nuevo juicio de nulidad sobre los mismos hechos del anterior, pero todo abogado sabe que los mismos hechos no son equivalentes a los mismos actos impugnados. Por ello hay ciertos actos impugnados en el juicio de amparo y otros en el juicio de nulidad.