La extensión del proceso penal en contra de Miguel Ángel N., extitular de los Servicios de Salud del Estado se debe tanto a los actos del Ministerio Público, como de la defensa del imputado, defendió María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En días pasados, Mayra Hernández, esposa del acusado, reclamó que el exfuncionario estatal lleva dos años y siete meses desde su detención y es fecha que el Ministerio Público sostiene el proceso a pesar de no tener pruebas de ningún daño por obra o acción directa.
La fiscal general negó que la Fiscalía carezca de la suficiencia de pruebas e indicios en las imputaciones hechas contra el exservidor público y sostuvo que se desahogan los tiempos previstos en la causa penal.
Alegó que los abogados de Miguel Ángel N. interpusieron varios amparos, por lo cual, dichos actos también favorecieron para que se alargara el asunto.
Sentenció que no existe una estrategia dilatoria para retrasar el desarrollo del proceso penal. “Por supuesto que no, por supuesto que no”, complementó.
Además de precisar que las pruebas se presentarán en el juicio oral ya están ofrecidas por el agente del Ministerio Público, aclaró que en la audiencia intermedia fueron admitidas por el juez de control para ambas partes.