Las recientes disposiciones del Infonavit orientadas a facilitar el acceso a créditos para personas que perciben entre uno y dos salarios mínimos, podrían no alcanzar sus objetivos si no se acompañan de estrategias integrales que garanticen la viabilidad y permanencia de las viviendas adquiridas.
Así lo advirtió Olga Espitia Lanuza, presidenta local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), quien señaló que, aunque la intención de ampliar las oportunidades de crédito es positiva, la falta de planeación urbana y de infraestructura en las zonas donde se construyen viviendas de bajo costo podría generar efectos contrarios a los esperados.
"Uno de los principales riesgos es que las viviendas de interés social suelen ubicarse en zonas periféricas, alejadas de los centros de trabajo, escuelas, hospitales y servicios básicos. Esto complica la movilidad y, con el tiempo, puede derivar en el abandono de las propiedades", explicó la representante del sector inmobiliario.
De acuerdo con Espitia Lanuza, los nuevos esquemas permiten adquirir viviendas con un valor estimado entre 580 mil y 700 mil pesos, con requisitos más flexibles como ser el primer crédito, contar con al menos seis meses de empleo formal y tener ingresos de uno a dos salarios mínimos.
Sin embargo, advirtió que la inestabilidad laboral y la falta de continuidad en las cotizaciones representan un riesgo para el cumplimiento de los pagos, lo que podría afectar tanto a los acreditados como a la recuperación de las propiedades por parte del instituto.
Finalmente, la presidenta de la AMPI consideró que el programa "Vivienda para el Bienestar", previsto para impulsar la construcción de casas de interés social en 2026, debe incorporar una visión de largo plazo que contemple la conectividad, los servicios y la sustentabilidad urbana.