Por considerar que violenta la libertad de expresión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de una reforma aprobada por el Congreso del Estado, relativa al delito de mensajes intimidatorios, que busca penar las "narcomantas".
El pasado 8 de mayo entró en vigor el Decreto 0525, respecto de la modificación del artículo 170 TER del Código Penal del Estado que sanciona con dos a cinco años de prisión y multa de 23 mil 462 a 58 mil 655 pesos, a quien elabore, coloque, difunda o exhiba públicamente y por cualquier medio, mensajes que sean idóneos para generar un estado real de temor colectivo o alteración del orden público, atendiendo al contexto en que se emite.
Adujo que el dispositivo normativo impugnado no cuenta con elementos suficientemente claros que acoten adecuadamente la conducta que produce responsabilidad penal, por lo tanto, se trata de una disposición inexacta y sumamente amplia que abarca un sinnúmero de conductas.
Es decir, aquellas no reprochables y que se encuentran amparadas por la libertad fundamental de expresión y puede llegar a permitir la arbitrariedad en su aplicación., subrayó.
Advirtió que entonces, cualquier persona que elabore, coloque, difunda o exhiba públicamente un mensaje, sin importar su naturaleza o su finalidad, que sea valorada como generadora de un "estado real de temor colectivo" o "alteradora del orden público" se le podrá imputar responsabilidad penal.
"Atenta contra los derechos fundamentales de seguridad jurídica y libertad de expresión, así como al principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad en materia pena", argumentó en la solicitud tramitada ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN).