A través de un comunicado de prensa, el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) de San Luis Potosí informó que el pasado viernes 13 de marzo se presentó una denuncia ampliada contra la candidata de Morena a gobernadora, Mónica Liliana Rangel Martínez, así como contra el empresario Gabriel Alan Salazar Soto y varias personas físicas más.
La denuncia, realizada ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno federal, va acompañada por 1 mil 600 documentos impresos y por medios electrónicos con las pruebas que, a consideración del Frente, “demuestran las graves irregularidades en pagos, procesos de compra, cotizaciones, empresas fantasmas y fachada, robo de identidad, falsificación y demás ilegalidades”, las cuales sumarían alrededor de 500 millones de pesos en recursos federales entregados en 2017 y parte del 2018 a los Servicios de Salud del Estado, dependencia en ese entonces a cargo de Rangel Martínez.
La denuncia incluye a personas que aparecen como socios en más de veinte razones sociales ante la UIF de la Secretaría de Hacienda y ante la Auditoría Superior de la Federación.
El Frente Ciudadano Anticorrupción solicitó a la UIF investigar los presuntos delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, simulación de operaciones y defraudación fiscal a través de la emisión de facturas de empresas presuntamente fantasmas o de fachada, “para seguir el flujo del dinero depositado inicialmente por los Servicios de Salud del Estado a las diversas cuentas fiscales, la dispersión del dinero, detectar esas cuentas y el destino final de los recursos públicos que fueron depositados en las diversas cuentas fiscales”.
En el comunicado se aclara que en septiembre del 2020 ya se había presentado una denuncia ante la ASF, pero que por cuestiones de la pandemia, se hizo de forma electrónica y al parecer, el órgano fiscalizador tuvo “problemas técnicos” para descargar los documentos.
A su vez, los propietarios de la empresa Quick Shine del Potosí, solicitaron que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación por los delitos de uso indebido de la función pública, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita y denunciaron ante el fiscal general Alejandro Gertz Manero, que en la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí se les niega el acceso a la carpeta de investigación, porque “por órdenes del gobernador Juan Manuel Carreras López al fiscal Federico Garza Herrera, se obstruye la investigación al estar involucrada Mónica Rangel y Gabriel Salazar, a los cuales se les encubre y protege”.