El antro Rich funcionaba porque tenía el dictamen de opinión técnica favorable emitido por Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), por lo que cabe cuestionar por qué en más de un año de incumplimiento de las normas no fue clausurado, consideró Ramón Infante, padre de Manuel Alejandro Infante Puente, uno de los jóvenes fallecidos en el accidente del 7 de junio. Señaló que en el caso se puede considerar que existió corrupción.
En entrevista, Ramón Infante aseguró que el funcionario se está defendiendo "como gato boca arriba", insistiendo en que la dependencia estatal cumplió con sus funciones de manera adecuada, como lo hizo en una comparecencia reciente ante la Contraloría General del Estado (CGE).
Ramón Infante explicó que la investigación que sigue la CGE al funcionario estatal, es precisamente porque no cumplió con sus funciones asignadas.
El padre de la víctima acusó que el personal de la CEPC, lejos de colaborar con la investigación, trató de borrar evidencias al quitar las cintas de protección de la zona de la cadena de custodia en la plaza Alttus, y al girar indicaciones para lavar y limpiar el lugar.
"Es muy lamentable que el director de Protección Civil en el estado, Mauricio Ordaz Flores, tenga que mentir y tergiversar los hechos ocurridos en el antro Rich el pasado 7 de junio, para salir del paso ante la investigación que le realiza la Contraloría General del Estado, la cual por cierto también carece de confiabilidad", señaló.
Dijo que para lavarse la cara, el funcionario negó haber otorgado una opinión técnica favorable para el funcionamiento, la cual está dentro de la carpeta del juicio y fue presentado ante el juez.
Recordó que Mauricio Ordaz manifiesta "de forma aberrante" que la tragedia ocurrió fuera del antro, en el pasillo de acceso, minimizando su responsabilidad de comisión por omisión.
Dijo que con ello, el funcionario Estatal muestra "un total hecho de corrupción en el cual está inmersa esta dependencia gubernamental".