Adecuado el recurso de inconstitucionalidad ante “uso indebido de IA”

MC manifestó su desacuerdo con la forma en que fue planteada la reforma de ley

El diputado Marco Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, consideró adecuada la solicitud de acción de inconstitucionalidad promovida contra la reforma al Código Penal del Estado, que sanciona el denominado “uso indebido” de la Inteligencia Artificial (IA), al señalar que desde su presentación manifestó su desacuerdo con la forma en que fue planteada. Indicó que ahora corresponde a los tribunales analizar el tema y emitir una resolución, al tiempo que reconoció que existe una argumentación sólida en lo presentado y que se debe esperar el dictamen correspondiente.

Cuestionado sobre si resulta riesgoso que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no haya promovido una acción de inconstitucionalidad, el legislador señaló que primero es necesario conocer los argumentos de la Comisión, los cuales dijo no conocer en este momento. Sin embargo, afirmó que deberán transparentarse los motivos por los cual se determinó no proceder, especialmente en un tema que involucra derechos fundamentales.

En el tema de derechos humanos, adelantó que a inicios del próximo año la comisión que encabeza presentará propuestas para vigilar el desempeño de la CEDH: “Ustedes observarán a inicios de año los planteamientos que estaremos haciendo en aras de que haga su chamba, y sobre todo que la ciudadanía lo conozca y sobre todo que las víctimas tengan certidumbre y confianza de la autoridad del trabajo que tienen que hacer”, declaró.

Gama Basarte añadió que, a su juicio, ha faltado transparencia y claridad en el ejercicio del trabajo que realiza actualmente la CEDH, así como mayor comunicación sobre las acciones que genera. Estas declaraciones se dan en el contexto de que el pasado 18 de diciembre venció el plazo legal para que la CEDH y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentaran una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma aprobada en noviembre, señalada por su posible afectación a la libertad de expresión.