En un análisis equilibrado de las cosas, las reformas educativas de cada sexenio son planeadas para arrojar resultados positivos, según los planteamientos de la administración pública en turno. En las que son buenas intenciones, fundadas y motivadas, existen planes que ayudan a mejorar la calidad de la instrucción en sus diversos niveles, y otros que se tropiezan con inercias y el manoseo político de la educación pública
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Todos los gobiernos federales de los partidos políticos que han encabezado el Poder Ejecutivo del país han prometido un modelo de educación basado en competencias, e incluso generan políticas públicas para evaluar y modificar planes curriculares. Eso requiere de recursos, pero conforme pasan los sexenios, progresivamente disminuye el presupuesto educativo, incluso hasta cancelar o retrasar programas de posgrado en instituciones públicas.
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Recapitulando el proyecto de gobierno de la actual administración federal, sus términos incluyen regresar la reforma educativa a sus términos anteriores al gobierno de Enrique Peña Nieto, por considerar que somete a los docentes integrados en la más numerosa y onerosa organización sindical del país, a evaluaciones punitivas que ponían en riesgo los derechos laborales de los mentores.
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Es precisamente esa reforma educativa la que en su paquete incluye prescindir del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y por lo tanto, retirarle el presupuesto público para calificar a los profesores en funciones y mejorar sus aportaciones a los sistemas de enseñanza y los aprendizajes esperados.
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El nuevo plan de educación incluye la mayor exigencia únicamente al nivel de educación superior, y la disminución de la presión sobre la educación básica y media básica, que en una analogía, equivale a construir un edificio con cimientos de arena y reforzarlo de concreto y acero en losas y cadenas superiores de cerramiento. Obviamente, la falta de cimientos derrumbará el edificio y la planeación constructiva de la educación dejará de funcionar.
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Es una lástima que se haya perdido la oportunidad de mantener el cuerpo de personal especializado del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, generadora de estrictos instrumentos de evaluación al menos para verificar en qué medida hay profesores que pasaron sus felices años de docencia en la grilla sindical y ejerciendo un papel de comisionados, con la agenda única de pelear por derechos laborales y aumentos de sueldo
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El INEE cerró sus oficinas en San Luis Potosí, a pesar de contar con autonomía propia para hacer valer la reforma educativa en materia de permanencia de los docentes, sí y sólo si aprueban los exámenes que demuestran la calidad didáctica, parte importante de los motivos de la reforma educativa de 2013.
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Lo que resta esperar es que la reforma educativa no se rija bajo el criterio de amiguismos y compadrazgos y el poder de los sindicatos para definir quién merece ser un profesor frente a grupo. Es necesario advertirlo cuando desaparece un organismo que establece reglas generales claras para evaluar el trabajo de los docentes.
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¡¡HASTA MAÑANA!!