El 98 por ciento de las adjudicaciones en municipios durante 2024 se realizaron por asignación directa, de acuerdo con datos del INEGI, lo que ha derivado en observaciones constantes por parte del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).
Su titular, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, señaló que, aunque la ley permite excepciones a la licitación pública, los ayuntamientos suelen omitir estos procedimientos sin integrar correctamente los expedientes.
"Tanto la Ley de Adquisiciones como la de Obra Pública contemplan excepciones... sin embargo, no integran de manera correcta sus expedientes", indicó.
Advirtió que esta práctica puede derivar en contrataciones más caras: "al haber omitido el procedimiento legal, adquieren o contratan de manera mucho más onerosa en perjuicio de la ciudadanía".
El auditor consideró necesario reforzar las leyes y endurecer sanciones, ya que el uso de la adjudicación directa se ha vuelto recurrente en prácticamente todos los municipios.