No conformar el Instituto Estatal de Planeación Urbana podría afectar tanto en el crecimiento de asentamientos irregulares como en la edificación en zonas que deben ser protegidas, advirtió Luis González Lozano, director general de la organización ambiental Cambio de Ruta A.C.
Mediante un amparo promovido por Cambio de Ruta A.C., un juzgado federal instruyó al Gobierno del Estado informar sobre el avance de la creación de dicha institución, sin embargo, en lugar de acatar el fallo el Poder Ejecutivo presentó un recurso de revisión.
El abogado ambiental explicó que se verían afectadas la sierra de San Miguelito o el área de la Presa de San José y citó como ejemplo que en la Sierra de Álvarez existe un grave conflicto ambiental, porque ni la Federación ni Estado intervienen para su protección.
Luis González dijo que el estado debe tener claro dónde es posible construir sin provocar afectaciones y saber cuáles son las zonas que deben resguardarse, para no perjudicar el medio ambiente.
Para el activista, lo más importante sería destacar el derecho a la ciudad como un derecho de todos los habitantes a utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos.
“Sin el Instituto y sin la Procuraduría Urbana, esos Derechos quedan a la deriva y no existiría quien garantice su protección”, remarcó el exconsejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Sobre las características del titular del Instituto, dijo que se deben considerar conocimientos ambientales, impacto urbano, hidrología, asentamientos humanos, política y administración pública, es decir, un técnico, no un político.