La reciente salida de 49 trabajadores del Poder Judicial del Estado no se trató de despidos, sino de la no renovación de contratos temporales por ajustes presupuestales, afirmó la presidenta del Supremo Tribunal, Lourdes Anahí Zarazúa.
El cambio se da en medio de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que exige recursos adicionales y planificación. Para que los juzgados sigan funcionando sin interrupciones, el Tribunal planea redistribuir al personal disponible para cubrir las vacantes.
La funcionaria señaló que, aunque la operación general de las salas es positiva, todavía hay faltantes en puestos como secretarios de acuerdos, secretarios de protestas y actuarios. Por ello, se lanzará una convocatoria para cubrir alrededor de 30 puestos, dependiendo del número de inscritos y sus resultados en la evaluación.
La infraestructura también requiere atención. En Ciudad Valles y otras zonas de la Huasteca, algunas instalaciones necesitan mejoras urgentes. Por ahora, dijo, no se planea construir una nueva ciudad judicial; en su lugar, se buscará optimizar los espacios existentes y hacer inversiones más eficientes, evitando traslados innecesarios.
Finalmente, indicó que, con estos ajustes el Tribunal asegura que la impartición de justicia seguirá su curso sin afectar a los ciudadanos, y que los movimientos de personal responden a razones administrativas y financieras, no a despidos masivos.