En caso de la aprobación de la prórroga del contrato con la empresa Red Recolector SA de CV para el manejo de la basura generada en la capital, hasta marzo de 2039, es decir 15 años más, el Ayuntamiento de la capital no necesitaría la aprobación del Congreso del Estado.
El diputado panista Rubén Guajardo Barrera expuso que no se requiere la autorización del Poder Legislativo ya que, para la enajenación de bienes, así como para la autorización de concesiones -en este caso el tema de la basura- la pasada administración de Xavier Nava Palacios ganó una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"En contra de una reforma legal del Congreso donde esas atribuciones se les determinan solamente a los Ayuntamientos y su cabildo, eso siempre y cuando no comprometan ningún recurso del ramo (aportación federal) como garantía", indicó.
Por su parte, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eloy Franklin Sarabia, coincidió en que "sería lo ideal" que la decisión de prorrogar el contrato durante 15 años más pasada por el tamiz del Congreso del Estado, "lamentablemente no va a quedar en esta cancha y la decisión va a tener que tomarse en el cabildo, simplemente el llamado sería para nuestros servidores públicos, para nuestros regidores que sean responsables".
Agregó que durante esta nueva discusión se tendría que analizar los alcances del contrato y los incumplimientos en la rehabilitación de los espacios en donde se pone a disposición la basura, ya que no cumplen con la norma ambiental.
Finalmente, Franklin Sarabia consideró que se tendría que analizar también la municipalización de estos servicios, ya que para su operación no le llevaría al gobierno municipal de San Luis Potosí más de 12 millones de pesos, lo cual representaría un ahorro considerable.