El integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano, Juan Felipe Cisneros Sánchez, advirtió sobre el uso político de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar en distintas regiones del estado, lo que afirmó refleja un adelanto de la contienda electoral de 2027.
De acuerdo con el Observatorio, en municipios de la Huasteca, así como en zonas del Altiplano potosino como Mexquitic, Santo Domingo y Salinas, se han detectado irregularidades en el levantamiento de censos para damnificados por los recientes fenómenos meteorológicos. En algunos casos, el registro no se realiza en los domicilios afectados, sino en sedes vinculadas a operadores políticos afines a Morena.
Cisneros Sánchez señaló que esta práctica ha generado exclusión y favoritismo, pues ciertos servidores de la nación dan preferencia a personas que simpatizan con su partido, dejando fuera a familias que realmente perdieron bienes o viviendas. A estos hechos se suma, dijo, la falta de transparencia y el trato prepotente de algunos funcionarios que, ante reclamos ciudadanos, reaccionan con desdén y represalias.
En el caso de los recursos que reciben directamente las comunidades indígenas, como los correspondientes al programa “La Escuela es Nuestra” y a obras de infraestructura social básica, el Observatorio documentó que durante octubre aumentaron las presiones para que las comunidades acepten proveedores, ingenieros y constructoras impuestas por los servidores de la nación. Además, cuando las autoridades comunitarias presentan técnicos independientes ajenos al grupo político dominante, son marginadas o dejadas sin atención por parte del personal de Bienestar.
A este escenario se suma la instrumentalización política dentro del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en San Luis Potosí, donde funcionarios presuntamente han promovido la remoción de consejeros y presionado a autoridades indígenas para desistir de amparos relacionados con el manejo de recursos del FAISPIAM.