Algunos delitos podrían alcanzar amnistía

Personas procesadas o sentenciadas por robo simple sin violencia, determinados delitos contra la salud, mujeres acusadas o sentenciadas por exceso de legítima defensa y mayores de 65 años, podrían acceder a la amnistía en San Luis Potosí, de aprobarse una de las iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado. El proyecto establece también qué delitos quedarían excluidos del beneficio.

La propuesta fue presentada el 1 de octubre por el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, junto con una iniciativa de Ley de Indulto. Aunque el mandato constitucional ordena expedir una Ley de Amnistía e Indulto, el legislador plantea regular ambos mecanismos por separado al considerar que tienen distintos orígenes, autoridades competentes, procedimientos y efectos jurídicos.

La Ley de Amnistía plantea que el Congreso del Estado sea responsable de su aplicación y que el beneficio alcance a personas vinculadas a proceso o con sentencia firme del orden común, siempre que no sean reincidentes por el delito a beneficiar. Para el robo simple y sin violencia se establece un límite de 400 veces el valor diario de la UMA; también se contemplan determinados casos de personas campesinas. No podrán acceder quienes hayan cometido abuso o violencia sexual contra menores, violación ni delitos que atenten contra la vida, la libertad o la integridad personal.

La solicitud podría presentarse por escrito o mediante medios electrónicos ante la oficialía de partes del Congreso. Las comisiones de Justicia y Gobernación tendrían cinco días hábiles para admitirla o prevenir al solicitante y 120 días hábiles para resolver. En caso de concederse, la amnistía extinguiría las acciones penales y las sanciones económicas, pero mantendría la responsabilidad civil y los derechos de las víctimas a la reparación del daño.

La segunda iniciativa establece una Ley de Indulto con dos modalidades: por gracia, de carácter humanitario, y necesario, para casos de violaciones graves al debido proceso. El proyecto contempla un Consejo Consultivo de Indulto, con participación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que tendría 30 días hábiles para emitir una opinión no vinculante; posteriormente, el Ejecutivo dispondría de 15 días hábiles para resolver. El beneficio también podría revocarse por incumplimiento o si la persona indultada comete un nuevo delito doloso.