Alumbrado en Eje 128, atorado por contratos a nombre del Estado: Ayuntamiento

El municipio no puede asumir el pago de luz ante CFE y analiza instalar un transformador propio para atender la zona.

El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, señaló que existen zonas de la capital donde se busca la intervención municipal en materia de alumbrado público, pero los contratos y servicios ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) todavía permanecen a nombre del Gobierno del Estado, lo que impide al municipio asumir directamente el pago de la energía.

Explicó que esta situación fue detectada al revisar sectores de la Zona Industrial, entre ellos el Eje 128, donde el Ayuntamiento pretendía realizar trabajos de reparación y mejorar las luminarias. Sin embargo, al acudir a la CFE encontraron que tanto el suministro como los transformadores están registrados a nombre del Gobierno del Estado, por lo que el municipio no puede simplemente asumir el servicio y comenzar a cubrir el consumo de electricidad.


Azuara indicó que algo similar ha ocurrido en otros puntos de la ciudad que históricamente quedaron bajo responsabilidad estatal, pese a que actualmente el Ayuntamiento busca atenderlos. Como alternativa para el Eje 128, explicó que se analiza colocar un nuevo transformador propiedad del municipio para que el nuevo alumbrado pueda quedar formalmente bajo su responsabilidad y evitar que la zona permanezca sin iluminación.

El funcionario recordó que al inicio de la actual administración ocurrió un caso similar en la avenida Tatanacho, donde el Ayuntamiento acudió a la CFE y encontró un adeudo que correspondía al Gobierno del Estado. Para poder asumir el alumbrado de esa zona, el municipio absorbió y pagó la deuda, con lo que finalmente el servicio quedó a nombre del Ayuntamiento.

Azuara sostuvo que existen otros espacios dentro de la ciudad cuya situación jurídica y administrativa ante la CFE todavía no está definida. Incluso, dijo, desde hace cuatro o cinco años se solicitó a Oficialía Mayor identificar las zonas que permanecían bajo responsabilidad estatal, sin que se obtuviera respuesta. Señaló que más allá de determinar a quién corresponde cada punto, el objetivo debe ser evitar que los habitantes queden en zonas oscuras por problemas administrativos entre gobiernos.