La concejala de Villa de Pozos, Maribel Lemoine Loredo, señaló "tengo miedo de que me maten" tras una serie de amenazas y de ataques mediáticos por sus criticas a la administración poceña. Responsabilizó a la diputada con licencia y actual presidenta del Concejo Municipal, Patricia Aradillas, así como al diputado Héctor Serrano Cortés.
Como antecedente, la concejala independiente precisó que todo inició con una represupuestación acordada por todos los integrantes de la Comisión de Hacienda para el pago de beneficios laborales de fin de año para la burocracia municipal, misma que beneficiaría también a todos los miembros del Consejo Municipal.
En el marco de esas reuniones, dijo, se pidió que se aclararan los montos que recibirían los concejales y concejalas por sus cajas de ahorro, lo que fue manejado sin transparencia por parte de los responsables de la tesorería.
En entrevista para Pulso al Aire, dijo que esos montos alcanzarían hasta 200 mil pesos derivado de ahorros de cada concejal y concejala, pero que ahora "están haciendo perdedizos".
Esta situación, añadió, fue aprovechada para golpear políticamente a los concejales de oposición desde el Congreso del Estado, principalmente por parte de diputados del PVEM.
Lemoine Loredo dijo no tener dudas de que el Congreso la va a remover del cargo a ella y a varios regidores, ya que los miembros de este Cabildo no fueron electos por voto popular sino por designación, al momento de la municipalización.
Incluso, señaló haber recibido amenazas: "me están diciendo que me van desaparecer, que me van a callar la boca... tengo miedo de lo que va a pasar con Villa de Pozos con un clima enrarecido... tengo miedo de que el día de mañana me maten, pero aquí estoy dando la cara. Ya me amenazaron... aquí estoy".
Responsabilizó de lo que le pudiera pasar a ella y a su familia a la diputada con licencia Patricia Aradillas y al diputado Héctor Serrano, pues han sido quienes han promovido mentiras en su contra, aseguró.
Sobre la posible remoción de concejales, concluyó que esperará la resolución de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y que dará la batalla legal por alguna injusticia.