La presencia de actores políticos en actividades de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) carece de justificación académica en algunos casos y podría generar percepciones de parcialidad en la institución, consideró el abogado y analista político, Israel López Monsiváis Elizondo, quien llamó a mantener la prudencia ante la cercanía del proceso electoral de 2027.
El especialista señaló que las visitas de perfiles como Elí César Eduardo Cervantes Rojas, coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena, el empresario Marcelo de los Santos Anaya y el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, deben analizarse a partir de su pertinencia académica, pues consideró que los mencionados tienen aspiraciones políticas que podrían aprovechar estos espacios para posicionar su imagen pública.
Sumado a ello, López Monsiváis cuestionó que las invitaciones respondan a un interés genuinamente académico y advirtió que no existe certeza de que haya un entusiasmo mayoritario entre los estudiantes por estos encuentros. Incluso, consideró necesario esclarecer quién propone, organiza y autoriza este tipo de actividades dentro de la facultad.
El analista aclaró que los acontecimientos corresponden específicamente a la Facultad de Derecho y no representan necesariamente una postura de toda la UASLP.
Sin embargo, advirtió que, en un contexto de cuestionamientos públicos hacia la universidad y de discusiones sobre su presupuesto y autonomía, resulta especialmente importante evitar cualquier señal de inclinación hacia determinados grupos políticos. También distinguió entre la participación de funcionarios cuya experiencia aporte conocimientos especializados y la presencia de políticos que busquen exposición pública.
Finalmente, respaldó el llamado del rector Alejandro Zermeño para mantener los espacios universitarios al margen del proselitismo y consideró que hubo una falta de prudencia política por parte de quienes organizaron y autorizaron los encuentros.
Añadió que, ante el entorno de señalamientos externos hacia la institución, la comunidad universitaria debería actuar con mayor cuidado para evitar que este tipo de actividades se conviertan en argumentos que debiliten su autonomía.