En reunión de Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social, y Derechos Humanos, se dio inicio al análisis de cumplimiento a la Acción de Inconstitucionalidad de la SCJN, respecto de la invalidez de la Ley de Salud Mental del Estado. No prevé erogar recurso económico en la realización de consulta personas con discapacidad.
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revocó el decreto donde se adicionó el capítulo IV "De la Familia de los Usuarios" y el artículo 4 BIS al Título Primero de la citada ley.
Al respecto, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, diputada presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, refirió que la ejecutoria será atendida por el Congreso del Estado en el plazo dispuesto en el ordenamiento, consistente en 180 días.
Expuso que, para evitar más gastos en otra consulta popular, conformará una comisión de expertos encargada de la elaboración y ejecución de la misma, en donde se establecerá una metodología.
Reconoció que el Poder Legislativo no cuenta con financiamiento suficiente para realizar otro ejercicio, por ello, se buscaron tales opciones.