El Congreso del Estado analiza dos iniciativas que buscan actualizar los montos máximos para adjudicaciones, invitaciones restringidas y licitaciones públicas en adquisiciones y obra pública para 2026. La revisión anual es una obligación legal y busca que los procesos de contratación se mantengan alineados con la economía y la normativa vigente.
La primera propuesta, impulsada por la Comisión de Hacienda, establece los límites para compras, arrendamientos y servicios. Basados en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente es de 113.14 pesos, los rangos para el próximo año serían: hasta 127 mil 282 pesos para adjudicación directa; entre 127 mil 282 y 1 millón 527 mil 390 pesos para invitaciones restringidas; y más de 1 millón 527 mil 390 pesos para licitaciones públicas. Los montos no incluyen IVA y, de aprobarse, entrarían en vigor el 1 de enero de 2026.
La segunda iniciativa se centra en obra pública y servicios relacionados, tomando en cuenta la inflación estimada por el Banco de México para octubre de 2025 (3.8%). Según la propuesta, los contratos de obra pública tendrían un tope de 1 millón 510 mil pesos para adjudicación directa, entre 1 millón 510 mil 1 pesos y 4 millones 260 mil pesos para invitación restringida, y más de 4 millones 260 mil pesos para licitación pública.
Los servicios vinculados a obra pública tendrían límites de 450 mil, 910 mil y más de 910 mil pesos, respectivamente. Esta actualización entraría en vigor el 16 de enero de 2026 y tampoco incluye IVA.
Las y los diputados que promovieron las iniciativas argumentan que los ajustes permitirán mantener procesos de contratación más eficientes y transparentes, evitando retrasos que afecten la ejecución de obras y servicios estatales.