En reunión de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, diputados discutieron dos reformas, cuyo contenido proponen que quienes aspiran a los principales cargos públicos del estado, como es la gubernatura, no estén inscritos en el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias, ni tengan antecedentes penales por violencia familiar, feminicidio y otros delitos.
Sin embargo, no elaboraron un dictamen, sino que acordaron remitirlo a la Comisión de Puntos Constitucionales, en aras de valorar si no se contrapone a criterios de la Constitución.
En su intervención en el encuentro donde estuvieron conectadas de forma remota Yolanda Josefina Cepeda Echavarría del PRI y Martha Patricia Aradillas Aradillas del PVEM, Juan Francisco Aguilar Hernández, diputado secretario, cuestionó la vialidad del planteamiento, dado que hace unas semanas se aprobó que tener antecedentes penales o estar denunciado por un delito, no es impedimento para aspirar a candidaturas a cargos de elección popular.
Dichas iniciativas abarcan a las candidaturas independientes, titulares de las dependencias de la administración pública centralizada, fiscalías, magistraturas, diputaciones, así como candidaturas a presidir las Comisiones Estatales de Derechos Humanos (CEDH), de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y de Ejecutiva Estatal de Víctimas (CEEAV).
En relación con el requisito de no ser deudores alimentarios, las propuestas por separado, surgieron de Emma Idalia Saldaña Guerrero, diputada del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) y Alejandro Leal Tovías, legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).