La madrugada del sábado 8 de octubre de 2016, el campesino José Santos Jiménez Guevara falleció en una humilde casa del ejido 20 de noviembre, en El Ébano, un municipio ubicado en la huasteca, en los límites de San Luis Potosí con el norte de Veracruz. Un cáncer de pulmón le causó la muerte, según testificó el médico Ernesto Ordaz, quien acudió a levantar el acta de defunción, ante la presencia de la viuda y dos hermanos. A los 45 días de haber fallecido, don José Santos “revivió” o lo revivieron para transar a su nombre. El 22 de noviembre de 2016 llegó al Congreso de San Luis Potosí una carta supuestamente firmada por el muerto en la que solicitaba el apoyo para la compra de despensas para los habitantes pobres de su pueblo, ubicado a 370 kilómetros al oriente de la capital potosina. El diputado del PAN Mariano Niño Martínez propuso apoyar la petición, y turnó la carta a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. A las dos semanas, el miércoles 7 de diciembre, los diputados Fernando Chávez Méndez, del PRI, y Enrique Alejandro Flores, del PAN, firmaron un oficio en el que autorizaron entregarle 400 despensas al difunto, para que él a su vez las distribuyera entre sus vecinos de la huasteca. El difunto -faltaba más- agradeció tan generoso obsequio de los diputados, con una misiva, a nombre de sus paisanos:
En la carta de agradecimiento se falsificó la firma de don José Santos; fue elaborada el 19 de diciembre de 2016, cuando el ejidatario ya tenía 72 días de haber fallecido. Peor aún, la empresa Joef Innovadores SA de CV, que supuestamente surtió las 400 despensas y por las que se gestionó un pago de 86 mil 499 pesos, también era inexistente. El domicilio aportado en la factura corresponde a una vivienda en la colonia Ricardo B. Anaya, de San Luis Potosí, cuyos ocupantes negaron que en ese sitio exista o haya existido una empresa, y también negaron dedicarse a la venta de despensas.
Una práctica recurrente
El caso aquí relatado es apenas un botón de muestra de una práctica generalizada en el Congreso de San Luis Potosí, en donde diputados de todos los partidos se han confabulado para saquear millones de pesos de recursos públicos con el uso de decenas de empresas fantasma y el robo de identidades o falsificación de firmas para simular donativos y obras.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) corroboró que 51 proveedores presuntamente fantasma han recibido pagos por al menos 33 millones 635 mil pesos del Congreso de San Luis Potosí, y en las operaciones están involucrados diputados locales del PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde, Nueva Alianza, Morena, Movimiento Ciudadano y del partido local Conciencia Popular, así como personal de la Auditoría Superior del Estado que, se supone, es el órgano que debería vigilar el correcto manejo de los recursos públicos. A esto se añade el desvío de 9 millones 600 mil pesos de obras inexistentes gestionadas por los legisladores, con lo que el desfalco documentado, hasta ahora, supera los 43 millones de pesos.
Crimen organizado
“Prácticamente en San Luis Potosí tenemos un crimen muy bien organizado donde participan todos los partidos políticos, utilizan instituciones como es el Congreso, la Auditoría Superior del Estado, la Junta de Coordinación Política, y todos han operado de manera eficiente para sus intereses, indicó Óscar David Reyes Medrano, Abogado que ha asesorado a 13 víctimas de robo de identidad.
“Están ligados y coludidos todos los partidos. Ahí sí no hay distingo de colores, de ideologías, ahí los une el abuso, el fraude, la corrupción, el uso de empresas fantasma”, coincidió José Guadalupe González Covarrubias, fundador de Ciudadanos Observando, organización que ha investigado y documentado el saqueo realizado desde el Congreso del Estado, al que han calificado como “El Honorable Gremio del Fraude”.
Según esta organización, tan sólo 7 empresas fantasma han recibido del Congreso de San Luis Potosí 25 millones 175 mil pesos para facturar supuestas ayudas sociales. Lupita Vera, activista e investigadora de Ciudadanos Observando desde hace tres años, relató que han detectado que algunas de estas empresas cobran una comisión de 8% por emitir o vender facturas por servicios inexistentes.
En el listado de proveedores del Congreso aparecen cuatro empresas y una persona física que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incluido en su lista negra por presuntamente simular operaciones, las cuales a su vez están ligadas a otras nueve compañías que también han recibido contratos directos de los diputados potosinos, según constató MCCI al hacer un cruce de información de actas.
De los 48 proveedores presuntamente “fantasma” identificados en esta investigación, la mayoría son de San Luis Potosí, aunque también hay dos empresas de Oaxaca, dos de Aguascalientes, una de Querétaro, una de Guanajuato y otra del Estado de México.
La red fantasma
Los 48 proveedores fantasma que ha contratado el Congreso de San Luis Potosí han sido utilizados, sobre todo, para simular la entrega de apoyos a comunidades rurales y colonias pobres.
Un caso que ilustra lo anterior es el de Lucía Frausto Reséndiz, vecina del poblado de Salinas de Hidalgo, en el altiplano potosino, a quien supuestamente la empresa Sistema de Comercialización Nava SA de CV le entregó despensas por 43 mil 919 pesos para repartir con sus vecinos, por gestión del diputado José Luis Romero Calzada.
Según consta en el cheque 64822 de Banorte, emitido por el Congreso, las despensas fueron pagadas el 8 de diciembre de 2016, aunque Lucía negó haber recibido ese apoyo y promovió una denuncia penal por robo de identidad.
La empresa que simuló el reparto de las despensas fue incluida en noviembre de 2017 en la lista negra del SAT, por presuntas operaciones inexistentes, y junto con otras siete compañías ligadas, con las que comparte socios, apoderados o domicilios, han recibido contratos del Congreso del Estado por 8 millones 274 mil pesos.
En las facturas emitidas al Congreso aparece como domicilio fiscal un local en el que en realidad funciona una escuela de manejo.
Otro ejemplo es el de Alejandro Alvarado Reyna, habitante de la comunidad La Palma, en Salinas de Hidalgo, quien aparece en el listado de beneficiarios del Congreso con 650 despensas con valor de 94 mil 543 pesos, gestionadas por el diputado Fernando Chávez Méndez, aunque él negó ante el Ministerio Público haber recibido ese apoyo.
Comprueban gastos con fantasmas
Las facturas emitidas por la red fantasma también han servido para comprobar gastos de los diputados, según ha documentado la organización Ciudadanos Observando.
Por ejemplo, las empresas vinculadas Avidro y Delger fueron usadas por los diputados Fernando Sánchez, Óscar Bautista, José Luis Romero Calzada, Martha Orta y Rebeca Terán, del PRI; Enrique Flores, Xitlálic Sánchez y Josefina Salazar del PAN; Ricardo García Melo, de Nueva Alianza y José Guadalupe Torres, del PRD.
Los legisladores Jesús Cardona Mireles de Morena y José Belmárez del PT han gestionado pago de facturas para Grupo Zement y Comercializadora y Distribuidora del Potosí LUSA, que han compartido domicilio fiscal en una casa en la colonia popular El Cortijo, en la cual nunca ha funcionado un negocio.
El perredista Sergio Desfassiux y la priísta Esther Angélica Martínez han recurrido a A&M Proveedora de Insumos, cuya dirección fiscal es una casa abandonada, en obra negra, que hasta hace poco tenía sellos de clausura. Pese a las evidencias de que se trata de una empresa de operaciones simuladas, el Congreso le ha pagado 4 millones 558 mil pesos.
Desfassiux ha usado, además, al Grupo Gahe de San Luis SA de CV para justificar apoyos legislativos, como reparto de dulces, adquisición de computadoras y supuestas asesorías. La dirección fiscal corresponde a un local vacío en la colonia Morales.
José Guadalupe Torres, del PRD, gestionó facturas de Distribuidora de Alimentos Mafe, cuyo domicilio fiscal corresponde a una lavandería.
Sistema de Comercialización Nava –fichada por el SAT- y tres empresas vinculadas, han sido utilizadas por cuatro diputados del PRI, cuatro del PAN, uno del PVEM y una del PRD.
El priísta José Luis Romero Calzada es el que más ha recurrido a la red fantasma, pues ha utilizado por lo menos cinco empresas cuyos domicilios fiscales no albergan ningún establecimiento mercantil.
Angélica Martínez, diputada del PRI, tramitó pagos para la empresa Alianza Comercial Marshal, ubicada en Aguascalientes, la cual simuló la venta de arena y otros materiales para construcción. El domicilio fiscal es una casa y nunca ha funcionado como negocio.
Uno de los socios de la empresa es Evel Marinho Sepúlveda Velázquez, quien aparece en la lista negra del SAT como sospechoso de simulación de operaciones comerciales. Entre los proveedores del Congreso hay más que han sido boletinados por el SAT como presuntas empresas fantasma. Es el caso de Abdon y Compañía SA de CV, inscrita en Querétaro, pero con socios de Aguascalientes; Infrakorny y Servicios Especiales La Comercial, con sede en los pueblos de Tlacolula de Matamoros y Villa de Zaachila, en la zona central de Oaxaca.
Abdon e Infrakorny cobraron 150 mil pesos por supuesta capacitación de los diputados, mientras que La Comercial cobró 75 mil pesos, por gestión del diputado perredista Sergio Desfassiux, por apoyo en su segundo informe legislativo.
Raúl Olmos/MCCI / slp@pulsolsp.com.mx