Mediante la modificación del decreto que crea la Red Metropolitana de Transporte Sustentable (Red Metro), el gobierno del estado redujo la influencia de la representación ciudadana en la Junta Directiva del organismo, anulando la mayoría que tenían originalmente instituciones de educación superior y cámaras empresariales, dándole el control de las decisiones a la propia autoridad estatal.
Lo anterior se concretó el pasado 11 de julio, cuando el Periódico Oficial del Estado publicó una modificación al acuerdo administrativo emitido el 24 de julio de 2018, en el que se creaba el organismo público descentralizado llamado Red Metro.
Ente los argumentos esgrimidos por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, promovente del decreto, está que se deben “subsanar las omisiones” de pasadas administraciones, que por displicencia han retrasado la entrada en marcha del organismo.
La modificación se centra en el artículo sexto, que define que la máxima autoridad de la Red Metro es su Junta de Gobierno, que originalmente iba a estar presidida por la persona titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mientras como tesorero fungiría el titular de la Secretaría de Finanzas.
Adicionalmente, tendría tres vocalías, asignadas a representantes de la comunidad estudiantil y del ámbito empresarial. Los cargos serían honorarios y tendrían una duración de tres años, con oportunidad de un nuevo periodo igual. No se preveía la remoción de esos cargos.
Las decisiones de la Junta, establecía el decreto original, serían aprobadas con una votación de la mitad más uno de sus miembros, lo que daba a la representación ciudadana la oportunidad de tener la mayoría, aún con el voto de calidad asignado al presidente, que sólo podría ejercer en un empate.
Pero el Ejecutivo modificó la norma y quitó una vocalía a los organismos ciudadanos para dársela al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública, como “ente que define las políticas generales sobre desarrollo urbano”.
Además de inclinar la correlación de fuerzas hacia el lado gubernamental, la reforma también establecía la posibilidad de que los representantes empresarial y educativo pudieran ser removidos, si lo considera la Junta de Gobierno.