Contrario al posicionamiento de la CNDH, que validó la adhesión de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), de la cual forma parte la CEDH de San Luis Potosí, advirtió que tal posibilidad impactará en la esfera de derechos de las personas y comunidades, derivados de la ruptura de la cadena de mando civil de la corporación federal.
En un pronunciamiento de cuatro páginas, la Federación adujo que la ampliación de facultades de la Sedena para la investigación e inteligencia, así como la extensión de los alcances del fuero militar, es una figura fuertemente combatida en el país por favorecer las “violaciones graves a derechos humanos contra la población civil”.
Alertó que existe la ausencia de alguna figura de supervisión externa para asegurar la transparencia y rendición de cuentas en las acciones que emprenda la GN, sobre todo, las que involucran el uso de la fuerza en cualquiera de los niveles contemplados por la Ley Nacional de Uso de la Fuerza.
El organismo sostuvo que, de proceder la moción aprobada en la Cámara de Diputados, se reduciría el margen de acción que actualmente tienen los organismos públicos de protección de derechos humanos en las entidades federativas.
Reveló que en la actualidad, uno de los mayores porcentajes de las quejas ante los organismos locales del país atiende a la violación de derechos humanos cometidas en funciones de seguridad pública y ciudadana.
“Por lo que la falta de competencia de los organismos públicos locales de derechos humanos en relación con la Guardia Nacional, generará un vacío en la atención de las víctimas”, estimó el entrevistado.
Por ello, exhortó al Senado de la República, considerar la relevancia de tener un control civil y ciudadano de la seguridad pública.