La comisiones unidas de Justicia y de Comunicaciones y Transportes del Congreso local concretaron hoy sus dictámenes aprobatorios para que el "pirataje" de coches de alquiler sea un delito que se persiga por oficio y no solamente por querella de los afectados, iniciativa que será votada por el Pleno legislativo este próximo jueves.
El diputado Rolando Hervert Lara, vicepresidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, declaró que el dictamen "es parte de los esfuerzos de esta Legislatura por lograr mayor seguridad para los usuarios y, a la par, que la autoridad tenga mejores herramientas para mantener el control del sector".
En una reunión que las y los legisladores sostuvieron hoy con representantes del taxismo potosino, se definieron temas importantes que serán incorporados a la iniciativa de nueva Ley de Movilidad del Estado de San Luis Potosí.
Hervert Lara precisó que, "en primer lugar, estamos definiendo que pasar revista sea obligatorio para UBER y plataformas similares. Así podremos mantener identificados a sus conductores, tal como sucede con los taxis tradicionales".
Segundo, que el propietario del auto pueda ser el único que lo opere.
Tercero, que los vehículos de las plataformas tengan un valor de alrededor de tres mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, unos 300 mil pesos, para que puedan ser UBER o similares.
A la par, dijo el congresista, se elevarán las sanciones y multas a quienes contravengan las nuevas disposiciones, incluso con la cancelación del permiso para operar.
En el caso de los taxistas, se promoverá su incorporación a una aplicación para teléfonos "inteligentes" a fin de trabajen en mejores condiciones de competitividad frente a las empresas de redes de transporte (ETRs).
Respecto a limitar el número de unidades o cuota de mercado a estas empresas, Rolando Hervert señaló que "eso sí no puede hacerse, ya que iríamos en contra de preceptos constitucionales".
Concluyó señalando que la propuesta de nueva Ley de Movilidad lleva meses trabajándose y que, de aprobarse, será la primera en su tipo en el país en resolver las controversias entre los principales actores del sector.