Con 20 votos a favor, tres en contra y una abstención se aprobó la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, con lo cual se crea el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, que vendrá a sustituir a la Auditoría Superior del Estado, entre otros cambios.
Al respecto, el diputado René Oyarvide Ibarra, precisó que fortalecer el marco de acción que se confiere al Órgano Técnico a nivel constitucional y legal, que impulse a los Poderes del Estado, gobiernos municipales, organismos constitucionales autónomos y demás entidades fiscalizadas a hacer un mejor uso de los recursos a su disposición.
Para quienes votaron en contra, es decir, los diputados de Movimiento Ciudadano Mauricio Ramírez Konishi, Emma Idalia Saldaña Guerrero; y Gabriela Martínez Lárraga de Redes Sociales Progresistas, esta minuta de reforma constitucional pretende modificar sin la participación ciudadana y la opinión de expertos, por ende, genera más incertidumbre que certeza en un tema fundamental para la democracia.
"La gran mayoría del articulado contiene modificaciones sin sustancia, y las que sí tienen un sentido sustancioso, parecen más un retroceso que un avance", expresó Ramírez Konishi.
Agregó que cuando se presentó la iniciativa primero se aumentaron los riesgos para que los entes auditables puedan ser objeto de presión política por parte de la instancia de fiscalización; y segundo, se amplío el período de la persona que quede al frente del órgano de fiscalización a nueve años.
"Es decir que, si esta Soberanía eligiera hasta el próximo año a un titular del órgano de fiscalización su responsabilidad, sería de los tres años restantes de la actual administración, más todo el sexenio siguiente. Ello representa en mi perspectiva un retroceso", señaló.
Finalmente se puso bajo la lupa la desaparición de la actual unidad de evaluación y control, que tendrá como consecuencia que la Unidad de Vigilancia del Legislativo asuma esa responsabilidad, y se dice que esta función se resuelve con la contratación de asesores.