Después de la privación ilegal de la libertad de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas,supuestamente en territorio zacatecano limítrofe con San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez,titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, presumió que, en la entidad potosina no suceden ese tipo de hechos delictivos.
“Nosotros no tenemos absolutamente ningún antecedente en todos estos cinco años y pico de gobierno, donde algún funcionario de esa condición (alcalde) haya estado expuesto a una situación similar. En San Luis Potosí no suceden esas cosas”, añadió.
Para el encargado de la política interna del estado, no es necesario fortalecer la presencia policial en las franjas fronterizas, sino mantener la misma estrategia de seguridad aplicada durante el sexenio.
En entrevista, subrayó que, derivado de los acuerdos establecidos con los estados de Zacatecas, Guanajuato y Tamaulipas, se ejecutan dispositivos para impedir el acceso de grupos criminales a la entidad.
Asumió que la Guardia Civil Estatal (GCE) mantiene continua colaboración con las autoridades federales, municipales y de gobiernos estatales colindantes. “Nosotros mantenemos la seguridad, sobre todo, en área del altiplano potosino”.
“En San Luis Potosí, pues no tenemos en el pasado reciente, ni el pasado lejano ninguna circunstancia donde civiles armados monten retenes y estén afectando a ciudadanos”, concluyó.