La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Gobierno del estado, Araceli Martínez Acosta, rechazó los señalamientos de corrupción y cobros indebidos lanzados por la organización de taxistas que se manifestó este martes y sostuvo que se trata de una "minoría" que no representa al sector.
En entrevista con Pulso Online, la funcionaria aseguró que no existe una petición concreta pendiente por parte de los inconformes, pese a que —dijo— han mantenido comunicación "en reiteradas ocasiones".
Afirmó que el conflicto se ha desviado hacia acciones que calificó como ilegales, al referirse a episodios previos donde algunos operadores detuvieron vehículos particulares en la Plaza de Fundadores.
Sobre las acusaciones de corrupción, fue tajante: "el que señala está obligado a probar", y retó a los inconformes a presentar denuncias formales. Sostuvo que ha solicitado revisiones internas a la Contraloría y aseguró que, desde su llegada, no se han detectado irregularidades dentro de la dependencia.
En el plano operativo, explicó que la dependencia mantiene inspecciones permanentes en todo el estado para detectar transporte irregular. Tan solo en la zona metropolitana, reportó alrededor de 120 unidades fuera de norma en lo que va del trimestre, cuyos casos incluso han sido turnados a la Fiscalía.
Respecto a las quejas por cobros elevados en trámites, la secretaria aclaró que los costos no los fija la SCT, sino que corresponden a obligaciones establecidas por ley, aunque reconoció que trabajan con la Secretaría de Finanzas (SEFIN) para buscar esquemas más accesibles.
Martínez Acosta también acusó que la protesta ha escalado a un plano personal, con actos de hostigamiento y violencia en su contra, por lo que no descartó emprender acciones legales.
Además, insistió en que el movimiento inconforme no representa al grueso del sector, al señalar que cuenta con el respaldo del "99.9% del gremio", mientras que los manifestantes —dijo— no alcanzan ni el 1%.
Finalmente, advirtió que, en caso de comprobarse delitos por parte de operadores, la SCT podría cancelar concesiones, siempre que existan denuncias e investigaciones concluidas por las autoridades competentes.