La presidenta concejal de Villa de Pozos, Martha Patricia Aradillas, señaló que el Concejo Municipal continúa operando con normalidad pese al proceso iniciado en el Congreso del Estado para remover a sus integrantes.
Aseguró que no intervendrá en defensa de ninguno de las y los concejales regidores involucrados en la revisión legislativa.
Al ser cuestionada sobre si podría intervenir a favor de algunos concejales, descartó esa posibilidad. ""Yo no tengo por qué abogar por nadie. Finalmente, la responsabilidad es del Congreso y ellos sabrán qué determinación tomar y yo respetar, acatar las cosas que se han hecho", declaró.
Las declaraciones se dieron luego de que el diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmara que el procedimiento busca restablecer la gobernabilidad en el municipio recién creado.
Aradillas aseguró que el análisis político no ha frenado las tareas del órgano: "Vamos a esperar la determinación del Congreso; sin embargo, esto no implica que no trabajemos".
La presidenta comentó que hasta el momento "ninguno de los diputados ha buscado una mesa de trabajo", aunque confirmó que existió una reunión en las instalaciones del Concejo. Recordó que las y los legisladores "están conscientes de que el Congreso fue quien puso a este Concejo, les dio la responsabilidad y ellos sabrán la ruta que se va a tomar".
Sobre la posibilidad de disolver el órgano, Aradillas reconoció el malestar ciudadano hacia el Concejo. También dijo desconocer si ya se contempla el nombramiento de suplentes: "No he tenido acercamiento con el Congreso; me mantengo al pendiente de las decisiones".
El proceso de remoción ocurre en un contexto de tensiones internas y polémicas públicas, entre ellas la filtración de un audio en el que concejales discutían un supuesto bono de fin de año.
El órgano está integrado por 14 concejales y sus suplentes —además de la presidencia—, y aunque aún no se define cuántos serán sustituidos, la Jucopo adelantó que el procedimiento también alcanzará a las y los suplentes "para garantizar una transición ordenada y conforme a la ley".