El Congreso del Estado armonizará a la brevedad el Código Penal del Estado con las disposiciones de la llamada “Ley Ingrid” que aprobó la Cámara de Diputados, a fin de sancionar con 4 a 10 años de prisión a funcionarios públicos que filtren y difundan imágenes de víctimas de delitos, especialmente de mujeres y menores de edad.
La vocal de la comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social aseguró que será necesario hacer las adecuaciones correspondientes a los ordenamientos locales, para proteger a las víctimas a fin de que servidores públicos no difundan las imágenes en cualquier medio, como ha ocurrido en diversas ocasiones.
Al incurrir en estas prácticas, no solo se vulneran los derechos de la víctima sino que se afecta la escena de los hechos y se entorpecen las investigaciones, se lastima a las familias, se genera morbo y se afecta al público que tiene acceso a las imágenes, principalmente a las niñas, niños y adolescentes.
No se puede permitir la normalización de imágenes de víctimas ni que los servidores públicos las difundan sin que haya consecuencias, por eso es importante que a la brevedad en San Luis Potosí se trabaje en la elaboración de las adecuaciones al Código Penal y demás ordenamientos que tengan relación con este tema.