"Después del sinsabor de que, con una argucia legaloide de temas en materia de consulta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la consulta sobre juicio a los expresidentes, ¿qué otra cosa se podía esperar de ese colegiado?", expresó el diputado local del PRI Martín Juárez Córdova.
Así lo dijo respecto a la decisión de invalidar la más reciente reforma electoral local y restituir la Ley vigente del 2014.
Dijo que "es menester hacer notar que en la sesión del día 5 de octubre de 2020, la SCJN, en escasos 14 minutos, hizo el simulacro de debatir la inconstitucionalidad de la Ley, en donde el ministro ponente sólo expone que los articulo 240 y 288 de la Nueva Ley, establecen acciones afirmativas a favor de las comunidades indígenas, pero ante la falta de consulta es susceptible de invalidar toda la Ley y aplicar la norma anterior".
Juárez Cordova opinó que "es tan negatorio su argumento porque nunca percibió que el contenido de los artículos que señala como inválidos, existen desde el 2011 y han tenido vigencia durante los procesos electorales del 2012, 2015 y 2018 como acciones afirmativas. En 2020 sólo fueron reenumerados, esto es que el 244 pasó a ser 240 y el 297 paso a ser 288, pero ante la falta de una lectura integral y revisión de transitorios, simplemente se fueron por lo insulso, fácil y rápido".
Añadió que "en lugar de proteger y hacer valer la Constitución, la dañaron, pues con el pretexto de dos artículos, que insisto, ya estaban vigentes tres procesos antes que la ley que invalidan, deja sin efecto una ley electoral avanzada, quitando la oportunidad de hacer respetar derechos humanos en temas como: Lenguaje inclusivo; reglas claras y armonizaciones para la equidad de género, a través de la obligación de los partidos políticos de garantizar la participación de hombres y mujeres en la política, en condiciones de igualdad; participación inclusiva a través de boletas braille, mamparas universales; la violencia política de género; las infracciones en que incurrirán los sujetos previstos por la ley general en cuestiones de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género; la participación de los potosinos en el extranjero y muchos temas más.
El legislador potosino consideró paradójico que la sesión del 5 de octubre del 2020 haya sido virtual y por cierto, legal, "es decir, los ministros, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Salubridad General (CSG) se protegieron en sus casas o despachos para no ser contagiados por el COVID-19, pero de manera ilógica desestiman el argumento del Congreso de San Luis Potosí de suspender la consulta indígena para proteger la salud de los consultantes, fundados al igual que ellos en el acuerdo del CSG, como órgano colegiado que depende directamente del Presidente de la República y que tiene el carácter de autoridad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas", concluyó.