Una posible represalia por la revelación de “La Ecuación Corrupta”, la red de extorsión montada por diputados, no se descarta por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la investigación del asesinato del exalcalde de Ébano, Crispín Ordaz, admitió el fiscal José Luis Ruiz Contreras.
En junio de 2017, el entonces alcalde Ordaz expuso en una grabación al diputado panista Enrique Flores, como el negociador para proponerle la entrega de 4 millones de pesos para que la red de diputados y operadores de la Auditoría Superior del Estado “limpiaran” 40 millones de pesos en observaciones a su cuenta. Pulso publicó con detalles cómo operaban.
En esa conversación, Flores mencionó a los entonces diputados locales Óscar Bautista, José Guadalupe Torres Sánchez y Manuel Barrera Guillén como los otros integrantes de la red. Le explicó al alcalde que el priista Óscar Bautista, entonces vocal de la Comisión de Vigilancia, era el operador de la trama. Flores le atribuyó control sobre los diputados priistas.
Flores dijo que el entonces diputado perredista y hoy secretario general de Gobierno José Guadalupe Torres Sánchez, controlaba la Comisión de Vigilancia en favor de la red y asistía a encuentros extorsivos con alcaldes. Convertida la revelación en escándalo, Torres Sánchez se separó del cargo.
Por último, Flores identificó al entonces líder de la bancada del PVEM y presidente de la Mesa Directiva, Manuel Barrera Guillén, como encargado de controlar auditores a través de su hermano José, ubicado éste en la Auditoría Superior.
El fiscal Ruiz Contreras dijo que la principal línea de investigación del homicidio es el crimen organizado de la región, aunque no se descartan otras líneas de investigación.
“Todo apunta a un tema de delincuencia organizada, pero no se descarta cualquier otra que pudiera generarse durante las próximas horas”, expresó.