Docentes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) admitieron que la institución ha quedado a deber a su estudiantado frente a casos de violencia y acoso, al reconocer que durante años las denuncias no siempre derivaron en sanciones claras ni en respuestas satisfactorias para las víctimas.
El investigador del Instituto de Física, Felipe García Ramos, señaló que la universidad ha fallado a estudiantes que ingresan con la expectativa de formarse en un entorno seguro. "Cada estudiante entra a esta institución con la ilusión de estudiar y no con la intención de volverse víctima de una agresión o de un acoso. Cada acto de violencia es una cicatriz que se queda a veces para toda la vida", expresó durante la presentación de los resultados de la Consulta Universitaria para reformar el Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia (PASE).
El académico añadió que la defensa de los derechos humanos no puede recaer únicamente en la Defensoría Universitaria, sino que debe asumirse como una responsabilidad colectiva dentro de la comunidad.
En el mismo espacio, el director del Instituto de Física, Edgardo Ugalde Saldaña, reconoció que uno de los reclamos más reiterados por parte del estudiantado fue la percepción de impunidad. "Los hechos se denunciaban y al final las sanciones a veces ni había, y cuando las había no eran satisfactorias", afirmó. Aunque señaló que los procesos se enfrentan a limitaciones relacionadas con la estructura institucional y los derechos laborales del personal, sostuvo que la universidad debe avanzar hacia mecanismos que permitan resolver los casos con mayor claridad. También admitió que muchas conductas toleradas en el pasado responden a una cultura machista arraigada en la institución.
Durante la presentación de resultados se planteó que la violencia universitaria no puede atenderse únicamente desde la normativa. La directora de Radio y Televisión Universitaria, Gabriela Hernández Nieto, afirmó que durante años prevaleció una "cultura del silencio" que impidió visibilizar el problema. A su juicio, el proceso actual refleja una transformación impulsada por cambios sociales más amplios, como el fortalecimiento de colectivos estudiantiles, el empoderamiento feminista y la discusión sobre nuevas masculinidades.
Entre las conclusiones de los foros se planteó fortalecer la prevención, ampliar la difusión del protocolo y mejorar los mecanismos de atención y sanción. Autoridades universitarias incluso consideraron la posibilidad de crear un tribunal especializado para atender estos casos. No obstante, participantes coincidieron en que la reforma del protocolo representa apenas un primer paso frente a una deuda institucional que, reconocieron, la universidad mantiene con su estudiantado.