El “estira y afloja” entre el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y la Universidad Autónoma (UASLP) se mantiene, con las partes afinando sus estrategias para lograr sus objetivos.
El primero, siguiendo su calendario de auditorías, aunque la Universidad no se deje revisar; la segunda, tramitando sus recursos legales para defender su autonomía en lo que se refiere a la generación y manejo de recursos propios.
Hasta ahora, lo que ha dejado saber el IFSE es que el proceso de auditoría a la UASLP sigue su curso con base en el calendario de la instancia gubernamental y con independencia de los recursos legales que la Universidad ha interpuesto, respecto de los que el Instituto auditor informó que, en ocasiones, ni siquiera ha sido notificado.
A su vez, la abogada general de la UASLP, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, dejó saber que hay recursos legales que están en trámite, como juicios de nulidad en amparo; juicio de nulidad en reclamación, y reclamación de controversia constitucional.
“Nosotros no hemos planteado amparo indirecto a los requerimientos, sino que hemos atacado actos intraprocesales de las auditorías porque, contrario a lo que se dice, sí nos hemos dejado auditar”, explicó la jurista.
A nivel nacional, un caso muy similar, el de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), ilustra lo que tal vez podría ocurrir en el conflicto potosino: Dicha institución universitaria logró que una segunda sentencia judicial dejara en claro y en firme, que la Auditoría Superior de aquel estado no puede fiscalizar los ingresos propios de la Universidad. La ASE sinaloense pretendía auditar los ingresos de la UAS de los ejercicios fiscales de 2019 a 2022.