La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) será contemplada en el nuevo modelo de auditorías integrales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informó su titular, Aureliano Hernández Palacios Paredes, quien explicó que el organismo busca ampliar la revisión sobre el gasto, desempeño y gestión financiera de los entes públicos.
Durante su visita a San Luis Potosí, el auditor federal fue cuestionado por el conflicto entre la UASLP y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) respecto a la revisión de los ingresos propios de la universidad.
Sin entrar en la disputa sobre las facultades del órgano estatal, señaló que la ASF puede fiscalizar recursos de origen federal, incluso cuando son canalizados mediante los gobiernos estatales, como ocurre con las participaciones.
Hernández Palacios explicó que el nuevo esquema pretende elevar la cobertura de fiscalización de entre 20 y 30 por ciento que se alcanzaba anteriormente hasta 90 o 95 por ciento este año. La intención, dijo, es revisar a los entes federales y estatales, avanzar hacia la totalidad de los municipios del país.
En el caso de la UASLP, precisó que la revisión puede abarcar recursos estatales cuando éstos tengan origen federal. Para determinar qué operaciones requieren mayor atención, la ASF cruza información sobre nóminas, contratos y contratistas con sus bases de datos y establece modelos de riesgo. Las observaciones que no sean solventadas dentro de los plazos correspondientes pueden derivar en responsabilidades y sanciones.
La disputa entre la UASLP y el IFSE se ha concentrado en la fiscalización de los recursos autogenerados de la universidad, entre ellos cuotas estudiantiles, rentas y otros ingresos. En octubre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó el desechamiento de la controversia constitucional promovida por la universidad para frenar la revisión de más de 600 millones de pesos de su cuenta pública 2023. El fallo determinó que su autonomía para autogobernarse no implica una independencia constitucional que la excluya de los mecanismos de fiscalización.