Ocho años después de que la Ley General en materia de desaparición obligó a los estados a contar con una Fiscalía especializada, y pese a que ya existe presupuesto asignado, San Luis Potosí aún no concreta su creación. En medio de protestas, tomas de instalaciones y reclamos directos de familias buscadoras, diputados locales, autoridades estatales y la Fiscalía General del Estado sostuvieron una reunión para intentar destrabar un pendiente que arrastra desde 2017.
Al encuentro acudieron el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Héctor Serrano Cortés; la presidenta de la Comisión Primera de Justicia, Leticia Vázquez Hernández; el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, y la fiscal general, Manuela García Cázares. Tras la reunión, el Congreso informó que el documento que dará sustento legal a esta nueva instancia está por concluirse y que el dictamen podría presentarse ante el Pleno la próxima semana.
La presión proviene principalmente del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, que ha señalado de forma reiterada al Congreso, al Gobierno estatal y a la propia Fiscalía por no contar aún con esta instancia especializada. El colectivo también cuestionó la destitución de Luz María Montes Mariano, quien durante ocho años encabezó la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas, creada por impulso de las familias, y a quien consideran la funcionaria con mayor experiencia en el tema dentro de la institución.
Edith Pérez Rodríguez, representante del colectivo, ha rechazado que la falta de esta Fiscalía se justifique por ausencia de presupuesto o por la necesidad de armonizar la legislación local.
La diputada Leticia Vázquez Hernández aseguró que el tema no ha sido descuidado y que se han enfocado en revisar los aspectos técnicos de la iniciativa. “Nosotros no hemos dejado de trabajar en este tema tan importante para los colectivos”, señaló.