Aunque el Gobierno del Estado sostiene que los amparos promovidos contra obras con posibles afectaciones ambientales se han perdido, varios de estos juicios continúan su curso e incluso han obtenido resoluciones favorables, aseguró Luis González Lozano, abogado y director de Cambio de Ruta.
Uno de los procesos llevará este 4 de septiembre a una inspección judicial por el derribo de 201 árboles en el bulevar Río Santiago.
González Lozano afirmó que los procedimientos han enfrentado recursos que han retrasado algunas diligencias, una práctica que atribuyó al gobierno estatal, pero sostuvo que los juicios no se han detenido.
Como ejemplo mencionó el caso relacionados con Dinoasís en el Tangamanga Uno, donde un recurso de queja impidió que se realizara una inspección que ya estaba programada. “Lo que hemos encontrado es ya una mecánica natural por parte de la gallardía para ir interrumpiendo, alargando los juicios, pero los juicios caminan, o sea ya sea lento o rápido, los juicios llevan su trámite”, sostuvo.
En el caso de Río Santiago, una queja también frenó inicialmente una diligencia, aunque posteriormente fue desechada por improcedente. La inspección que ahora ordenó un juez se realizará a partir de una confesión de la extitular de la Seduvop sobre el derribo de 201 árboles saludables y sanos, de acuerdo con un oficio citado por el abogado.
El objetivo será identificar las zonas donde existe arbolado urbano y aquellas donde no, ya que, explicó González Lozano, las resoluciones judiciales no implican necesariamente detener por completo las obras. Los trabajos pueden continuar en espacios donde no exista afectación al arbolado, pero no cuando impliquen el derribo de árboles o daños a la flora y fauna; incluso una poda excesiva o inadecuada puede representar una afectación.