Integrantes de la Comisión de Gobernación del Congreso estatal aprobaron modificaciones a la Ley de Juicio Político con la finalidad de dar mayor certeza jurídica al procedimiento y garantizar los derechos de cada uno de los actores.
En sesión virtual, congresistas de diversos partidos calificaron de procedentes algunas propuestas de la diputada Martha Barajas García (PANAL) y el legislador Edgardo Hernández Contreras (PVEM) orientadas a que la comisión instructora y la jurisdiccional que se ocupan del juicio político, puedan solicitar no solo copias certificadas de elementos de prueba a las partes, sino también informes a autoridades involucradas en los hechos que se denuncian, ya sea en formato físico o digital.
También se aprobó que una vez aceptada una solicitud de juicio como procedente, las partes deben aportar elementos de prueba y descargo de manera personal en los cinco días hábiles siguientes. En caso de que el denunciante no lo hiciera, la solicitud de juicio sería desechada.
La Comisión de Gobernación rechazó, en cambio, entregar copias certificadas a los denunciantes al considerar que ellos dejan de ser parte del juicio una vez que éste inicia su procedimiento, pues entonces el denunciado debe defenderse únicamente ante el Congreso del Estado.
También se rechazó desaparecer la comisión instructora por considerar que su papel es esencial para el dictamen de procedencia de los juicios, para garantizar el derecho de audiencia de las partes y para respetar, finalmente, el debido proceso.
Estos cambios a la Ley de Juicio Político deberán pasar, todavía, por la aprobación del Pleno legislativo. En un próximo periodo extraordinario de sesiones.