La información sobre el caso Rich y las impugnaciones que exfuncionarios de la Dirección de Comercio presentaron en contra de la inhabilitación emitida por la Contraloría Interna del Ayuntamiento de la capital, sigue generándose a cuentagotas y de manera poco clara.
A partir de que la contralora Gabriela López y López informó el pasado 22 de octubre que los ahora exfuncionarios serían inhabilitados del servicio público por periodos que van de seis a doce meses, por omisiones en el caso referido del antro Rich, otros aspectos del tema salieron a la luz, pero lentamente.
El 24 de octubre, el alcalde Enrique Galindo Ceballos declaró que los sancionados no volverían a laborar en el Ayuntamiento y anunció cambios al Reglamento de Actividades Comerciales vigente, para evitar que en el futuro se presenten casos similares al del antro Rich.
Para el día 25, se dio a conocer que Jorge Daniel Hernández Delgadillo, exsecretario general del Ayuntamiento y ahora director general de Interapas, es socio del despacho jurídico que ahora defiende a los exfuncionarios sancionados por la Contraloría Interna, aspecto que podría indicar un probable conflicto de intereses.
El 27 de octubre, el actual secretario general Fernando Chávez Méndez, puso en manos de la contralora investigar si efectivamente existe o existió conflicto de intereses en la actuación de Hernández Delgadillo en el caso Rich, aspecto que, hasta esta fecha, no ha sido aclarado por ninguna de las partes.
El 6 de noviembre se informó sobre la impugnación presentada por los afectados y el día 11, el alcalde dijo no conocer dichas impugnaciones. Desde entonces, lo único que se ha sabido de fuentes extra oficiales, es que el tema de las impugnaciones se halla en manos de la Contraloría Interna y que, por el momento, no ha generado procesos judiciales que deban ser asumidos por alguna de las dos sindicaturas del gobierno municipal.