La organización civil Ciudadanos Observando informó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí rechazó una propuesta ciudadana enfocada en fortalecer los mecanismos de transparencia y prevenir actos de corrupción en los procesos de compras y adquisiciones municipales.
La agrupación recordó que la iniciativa fue presentada originalmente cuando Enrique Galindo Ceballos era candidato a la alcaldía. En ese momento, señalaron, el entonces aspirante revisó el documento y se comprometió a impulsarlo en caso de ganar la elección. Ya en funciones como presidente municipal, sostienen que se realizaron diversas reuniones para afinar los detalles técnicos del acuerdo.
La propuesta consistía en crear el "Acuerdo del Ayuntamiento de San Luis Potosí contra Empresas con Operaciones Simuladas", con el fin de blindar a la administración municipal y garantizar que sólo se contrataran proveedores reales y con capacidad comprobable para prestar servicios o entregar bienes. El documento fue entregado formalmente ante la Contraloría Municipal el 25 de mayo de 2022.
Sin embargo, Ciudadanos Observando afirmó que la iniciativa no prosperó. Explicaron que la Contraloría turnó el asunto al Cabildo y, casi un año después, el 22 de mayo de 2023, recibieron una respuesta negativa firmada por la entonces regidora Daniela Cid. En el oficio se argumentó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya realizaba esa labor de vigilancia, que la Contraloría cumplía adecuadamente con sus revisiones y que Obras Públicas contaba con lineamientos suficientes para depurar proveedores.
El colectivo consideró insuficientes esos argumentos y sostuvo que su propuesta era más amplia y específica, pues incluía acciones adicionales para generar confianza ciudadana. Señalaron que, tanto en la administración pasada como en la actual, han detectado irregularidades como contratación de empresas sancionadas, pagos a razones sociales simuladoras y proveedores no localizables.
Entre los puntos centrales del acuerdo se planteaba prohibir la contratación de personas físicas o morales señaladas por el SAT por operaciones simuladas, crear un padrón único y público de proveedores y contratistas con requisitos más estrictos, exigir documentación certificada ante notario, realizar inspecciones físicas semanales a empresas registradas, establecer auditorías permanentes y transparentar la recepción de bienes, servicios y obras.
Para Ciudadanos Observando, el rechazo de esta propuesta evidencia falta de voluntad política para cerrar espacios a la corrupción. La organización concluyó que la negativa contradice el discurso de apertura y transparencia del alcalde, y advirtió que sin controles más rigurosos persiste el riesgo de que recursos públicos terminen en manos de empresas fantasma o en esquemas que permitan el desvío de millones de pesos.