La Arena Potosí maneja ya los contratos de promesa de uso de palcos del inmueble sin que exista una autorización expresa del Congreso del Estado para formalizarlos, según reconoce la propia dependencia en el modelo de documento contractual.
Y aunque el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que los 41 palcos de la arena ya estaban vendidos, la normatividad sobre el manejo de bienes públicos en la entidad establece condiciones que podrían provocar la nulidad del contrato por esa falta de autorización.
Este medio tiene copia del machote del contrato de promesa de transmisión temporal de derechos de acceso y uso de los 41 palcos con los que cuenta la arena. El plazo de arrendamiento sería de 35 años a cambio de un pago de entre 6.5 y 8 millones de pesos, aunque el contrato no especifica las diferencias de las que dependen ambos preciso. El palco incluye el acceso a 24 butacas y a tres cajones de estacionamiento dentro de la arena.
En el documento, la arena es representada por la directora general Lilia Malvido Flores.
El convenio señala en su cláusula primera que el derecho de acceso y uso transitorio no continuo a los palcos se concederá "una vez que se cuente con la autorización por parte del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí para celebrar en definitiva los contratos de transmisión temporal de derechos de acceso y uso, conforme a la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí"
La aprobación legislativa a la que hace referencia esta cláusula no se ha concedido aún, por lo que el acceso a los palcos no podría concederse aún.
Sin embargo, el 15 de octubre pasado, en una entrevista "banquetera" ofrecida por el gobernador Ricardo Gallardo, el funcionario aseguró que todos los palcos ya fueron "vendidos" y que se recaudaron casi 300 millones de pesos, lo que cubriría la mitad de la inversión realizada en el inmueble.
En el resto del clausulado del contrato de promesa no se establece qué ocurriría con el acceso a la Arena Potosí de los adquirientes de los palcos en tanto se consigue la aprobación legislativa a la operación ni un plazo propuesto por la arena para concretar el trámite ante el Congreso. Tampoco se establece la posibilidad de que no se concrete la autorización.
Abogados mercantiles consultados al respecto señalaron que estos factores no le dan certeza a los contratantes.