Derivado de un rodillazo en el abdomen, propinado por una oficial de la entonces Fuerza Metropolitana Estatal (FME) en mayo del 2021, Brenda, una médica embarazada perdió al producto de 16 semanas de gestación, reveló una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Por tal agresión, el organismo autónomo local emitió la Recomendación No. 11/2022 a Guzmar Ángel González Castillo, titular de la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De acuerdo con la información radicada en el expediente de queja 1VQU-0145/2021, el 1 de mayo del 2021 Brenda con su esposo Víctor, también médico, detectaron que aproximadamente a las 12:30 horas se encontraban algunas patrullas afuera de su domicilio.
Al salir a verificar qué sucedía, los oficiales de la FME indicaron que una camioneta de su propiedad estaba obstruyendo una cochera, derivado de un reporte ciudadano, pero además, las placas de circulación del no coincidían con las características de registro, lo cual era un delito y debían asegurar la unidad y ponerla a disposición de la autoridad competente.
Después de varios minutos, dos policías, uno de ellos mujer, llamaron a una grúa para que se llevara la unidad. Una vez que arribó Brenda se interpuso para impedirlo, por lo que forcejeó con la oficial, quien durante el mismo le propinó un rodillazo en el abdomen para someterla.
Posterior a la agresión, Brenda comenzó a presentar secuelas, motivo por el cual se atendió horas más tarde, y en los subsiguientes días, pero como consecuencia de ello, sufrió la pérdida del producto de 16 semanas de gestación que presentaba.
Las lesiones inferidas por la policía incidieron en la evolución del producto, y como consecuencia se tuviera que interrumpir el embarazo, determinó una opinión pericial elaborada por un perito del Colegio de la Profesión Médica del Estado (CPME).
Así, la CEDH recomendó a González Castillo: reparar de manera integral el daño ocasionado; capacitar a las y los oficiales de la Guardia Civil Estatal sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia; y designar a una persona de alto nivel para el seguimiento al cumplimiento de la Recomendación.