En la zona metropolitana de San Luis Potosí operan alrededor de 150 centros de rehabilitación sin que exista un padrón público claro que permita saber cuántos cumplen con condiciones básicas de funcionamiento, mientras cerca de 10 mil personas permanecen internadas en estos espacios por problemas de adicción.
En este contexto, legisladores locales sostuvieron una reunión con encargados de estos centros —entre ellos los diputados Emilio Rosas Montiel y Luis Felipe Castro Barrón— donde se reconoció la falta de control en un sector que ha crecido sin una supervisión uniforme. “Queremos crear un censo real de las clínicas que están certificadas para que cuando alguna persona tenga la necesidad de acudir a alguna clínica, sepa cuáles son las certificadas”, señaló Castro Barrón.
Ante este panorama, los diputados adelantaron que ya se trabaja en una reforma para establecer reglas más estrictas y obligar a estos centros a registrarse, con el objetivo de distinguir cuáles operan conforme a la normativa y cuáles no.
Entre los cambios que se analizan se encuentra la posibilidad de que autoridades acompañen el traslado de pacientes a estos lugares, para dar mayor certeza legal al proceso, además de exigir que el personal que atiende a las personas internadas cuente con perfiles especializados, algo que actualmente no ocurre de forma generalizada.
La iniciativa, que aún no ha sido presentada de manera formal, contempla la participación de instancias como la Secretaría de Salud y Protección Civil para definir criterios de supervisión. Una vez aprobadas las modificaciones, los centros de rehabilitación deberán ajustarse a los nuevos lineamientos para poder seguir operando de forma regular.