Con el argumento de que las víctimas de despojo enfrentan procesos largos y complejos para recuperar sus propiedades, fue presentada ante el Congreso del Estado, una iniciativa ciudadana que propone endurecer las sanciones, contra quienes ocupen de manera ilegal inmuebles, particularmente cuando exista violencia, falsificación de documentos o participación de grupos organizados.
La propuesta, impulsada por Carlos Alberto Esparza Jasso, plantea reformar el artículo 227 del Código Penal del Estado para incrementar las penas por este delito y establecer una serie de agravantes que permitirían aumentar hasta en una mitad las sanciones previstas actualmente.
De aprobarse la reforma, quien incurra en el delito de despojo podría enfrentar de siete a doce años de prisión, además de multas de entre 600 y 900 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En los casos agravados, la pena podría alcanzar hasta 18 años de cárcel.
La iniciativa define como despojo la ocupación de un inmueble ajeno o el uso de un derecho real que no corresponda, cuando se realice mediante violencia, amenazas, engaños, abuso de confianza o de manera clandestina.
Entre las circunstancias que agravarían el delito se encuentra el uso de violencia física o moral, la participación de dos o más personas, la utilización de documentos falsos para justificar la posesión del inmueble y que el responsable sea un servidor público que aproveche su cargo para cometer la conducta.
También contempla sanciones más severas cuando las víctimas sean personas adultas mayores, personas con discapacidad o integrantes de grupos vulnerables, así como en casos relacionados con tierras ejidales, comunales o destinadas a actividades agrícolas.
La propuesta añade como agravantes la destrucción o daño de inmuebles para facilitar su ocupación y los casos en que exista la intención de obtener un beneficio económico derivado del despojo.
En la exposición de motivos, el promovente sostiene que este delito representa una de las afectaciones más graves al patrimonio y a la seguridad jurídica de las personas, debido a que no sólo implica la pérdida temporal o definitiva de una propiedad, sino también largos litigios para recuperar la posesión legítima.
El documento señala que en los últimos años se han incrementado los conflictos relacionados con la ocupación ilegal de inmuebles, situación que afecta tanto a propietarios particulares como a ejidatarios, comuneros y pequeños productores.
Además de modificar las penas, la iniciativa establece que las autoridades competentes deberán adecuar sus protocolos de investigación y persecución del delito de despojo en un plazo no mayor a 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la reforma.