Los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias podrían generar un efecto inhibidor sobre periodistas y medios de comunicación si las facultades de monitoreo y sanción de la autoridad no cuentan con límites y criterios claros, advirtieron participantes del foro “Libertad de expresión y derechos de las audiencias”, realizado en San Luis Potosí.
Uno de los principales cuestionamientos se centró en el Artículo 12, que aborda la información descontextualizada, debido a la amplitud de conceptos como “información falsa”, “veracidad” y “contexto”. Durante el encuentro se planteó reformular estas disposiciones para evitar interpretaciones arbitrarias y garantizar que la regulación sea compatible con la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad editorial.
También fue señalado el Artículo 54, correspondiente al régimen sancionador, cuya redacción podría ampliar mediante los lineamientos el catálogo de conductas sancionables más allá de las infracciones previstas expresamente en la legislación de telecomunicaciones. Ante ello, se propuso establecer criterios objetivos para determinar las sanciones y priorizar mecanismos de corrección, réplica y reparación antes que medidas punitivas.
El foro convocado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo San Luis Potosí. La mesa fue moderada por la abogada Raquel Álvarez y contó con la participación de Marcela Nochebuena, periodista de Animal Político; Samuel Bonilla, periodista y coordinador de “Transparencia para Todos”; Georgina González, directora de la Facultad de Derecho de la UASLP, y José Mario de la Garza, expresidente de la BMA y socio director en Bufete de la Garza.
El encuentro se realizó en el marco de la consulta pública de los Lineamientos impulsados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), derivados de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Aunque el proyecto busca establecer mecanismos para proteger los derechos de las audiencias, las y los participantes señalaron que su aplicación debe evitar que el estado termine interviniendo en los contenidos periodísticos o en las líneas editoriales de los medios.