Durante la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Cabildo de San Luis Potosí, las y los integrantes del cuerpo edilicio aprobaron por unanimidad la creación de la Unidad Especializada para la Atención de las Poblaciones LGBTIQ++, un nuevo órgano municipal que busca atender de manera institucional las problemáticas de discriminación y violencia que enfrenta esta comunidad.
La regidora Margarita Hernández Fiscal calificó la decisión como "un paso firme para saldar una deuda histórica" con las personas LGBTIQ+, al reconocer que la discriminación persiste incluso dentro de la administración pública. Recordó casos recientes de agresiones, como el ataque de un agente de seguridad municipal a una persona no binaria y la negativa del registro civil a reconocer a una pareja de madres, situaciones que dijo evidencian la urgencia de contar con mecanismos de atención y prevención.
Hernández Fiscal subrayó que la nueva unidad fue diseñada junto con organizaciones civiles, activistas y defensoras de derechos humanos, con el propósito de convertirse en una herramienta efectiva para construir políticas públicas incluyentes. "Queremos una ciudad donde nadie sea discriminado por a quién ama, por cómo se viste o por cómo se nombra", afirmó.
Por su parte, la regidora Adriana Urbina Aguilar destacó que la creación de esta unidad "no es un acto simbólico, sino una respuesta institucional a una realidad que duele". Citó datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, según la cual el 6.4 por ciento de la población potosina mayor de 15 años, más de 127 mil personas, se identifica como parte de la diversidad sexual y de género, lo que demuestra que no se trata de un grupo minoritario.
Urbina también expuso cifras del informe Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad A.C., que documenta 27 crímenes de odio registrados en San Luis Potosí entre 2017 y 2024, la mayoría contra mujeres trans, reflejando dijo una violencia estructural e impunidad sostenida.
La edil advirtió que la aprobación del nuevo organismo "no basta" si no se garantiza su funcionamiento real, con presupuesto, personal capacitado y autonomía técnica. Enfatizó que la unidad debe operar como un espacio de puertas abiertas, con atención jurídica y acompañamiento digno para las personas LGBTIQ+.