Solo una de cada cuatro muertes violentas en San Luis Potosí se investigan desde un principio bajo el protocolo de feminicidio por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguró el coordinador de Estrategias de Monitoreo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), José Christian Hernández Robledo.
De acuerdo a las cifras más recientes sobre feminicidios en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), hasta septiembre pasado, el 21% de las muertes violentas de mujeres en San Luis fue investigado como feminicidio. De 38 casos, 8 se indagan como tales y el resto, como homicidios dolosos.
Con la reducción de tres casos de feminicidio registrados en junio y que fue anunciada por la FGE, la proporción quedará en 13.1%.
Sobre la postura del funcionario de Conavim, el titular de la dependencia José Luis Ruiz Contreras, negó dicho señalamiento y afirmó que en San Luis Potosí toda muerte violenta de una mujer se inicia bajo el protocolo de feminicidio.
“Es un error el hecho de que se difunda de que no se realiza bajo esa perspectiva, siempre se realiza bajo esa perspectiva, bajo ese protocolo interamericano, con la unidad de contexto en la cual se trabaja”, explicó.
En entrevista y por separado, Hernández Robledo aseguró que no siempre el trabajo de las autoridades procuradoras de justicia en el país se desarrolla bajo la perspectiva de género, esto en relación a las muertes violentas de mujeres, aunque así lo establezca el protocolo latinoamericano.
“Tenemos en el país que solamente una de cada cuatro muertes violentas de mujeres se investigan como feminicidios, en el caso de San Luis Potosí estamos en esa cifra, entre enero y septiembre son 38 casos de muertes violentas de mujeres y apenas ocho han sido investigadas como feminicidios y el resto como homicidio doloso”, expuso.
Explicó que la aplicación del protocolo referido desde un inicio es fundamental para la reparación del daño a la víctima, para lo cual indicó que las fiscalías de todos los estados deben clasificar este tipo de asesinatos bajo dicho protocolo para facilitar el acceso a la justicia a las víctimas.