La nueva titular de la delegación del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, Liliana Díaz de León Zapata, llegará al cargo en medio de un escenario que ni siquiera la propia autoridad electoral puede anticipar, pues la reforma electoral se negocia a nivel nacional y sus alcances siguen siendo inciertos.
Así lo reconoció el aún vocal ejecutivo, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, al advertir que el principal reto para las 32 delegaciones del país será asumir los cambios "como se planteen y como vengan".
Aispuro explicó que la iniciativa presidencial se encuentra en negociación entre Morena, el PVEM, el PT y el resto de las fuerzas políticas, por lo que no es posible saber en qué terminará ni pronunciarse sobre algo que aún no se conoce. Sin embargo, señaló que se abren múltiples posibilidades: desde modificaciones en el número y tipo de diputaciones, hasta ajustes en el tamaño del instituto, así como cambios en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y en los tribunales.
En ese contexto arribará a San Luis Potosí Liliana Díaz de León, quien asumirá la conducción de la delegación el 1 de marzo.
Sobre el proceso de relevo, confirmó que habrá una entrega–recepción formal y señaló que, si tuviera que darle un consejo, hablaría de la "autocontención": entender que quien encabeza la delegación está en una mesa de arbitraje, donde no se trata de imponer criterios personales, sino de escuchar a todos los actores, actuar con asertividad y construir decisiones con el respaldo de la colectividad institucional.
"No somos parte de la contienda, pero somos árbitros que tenemos que ganarnos el respeto y la consideración de los actores", expresó.
Al ser cuestionado sobre si el INE podrá mantener su imparcialidad e independencia ante este contexto, Aispuro afirmó estar seguro de que esa esencia prevalecerá, aunque el organismo pudiera cambiar incluso de nombre. Recordó que, a lo largo de 34 años, tanto el IFE como el INE han contribuido a la transición democrática y a la inclusión de sectores históricamente marginados, como pueblos indígenas, personas de la diversidad sexual, personas privadas de la libertad y personas con discapacidad, a quienes se ha buscado garantizar su derecho al voto.